Los trabajadores Estatales reclaman un aumento salarial y bono

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La Asociación de Trabajadores del Estado en el INDEC volvió a encender los reclamos salariales con un nuevo informe que analizó el retroceso del salario público frente a la inflación. Según el relevamiento, una familia tipo necesitó en octubre más de $2 millones mensuales para cubrir sus necesidades básicas, una cifra que llevó al gremio a reclamar un aumento de emergencia del 118% para frenar el “deterioro acelerado” del poder adquisitivo.

De acuerdo con los datos del estudio, un hogar conformado por dos adultos y dos chicos en edad escolar requirió puntualmente $2.027.283 para llegar a fin de mes. En detalle, solo la canasta alimentaria mínima trepó a $691.887, lo que grafica el impacto del alza de precios en los consumos esenciales.

La caída salarial

El documento - titulado “¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?” - denunció una pérdida histórica del 54,8% en el poder de compra de los salarios estatales desde diciembre de 2015. La comparación interna lo explica de forma directa: si el sueldo de referencia del SINEP se hubiera actualizado al ritmo de la inflación, hoy debería ubicarse en $1.417.335. Sin embargo, el salario real es de $636.289.

El deterioro se acentuó en los últimos meses. El documento detalló que, desde la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno, la inflación acumulada llegó al 241% y la pérdida de poder adquisitivo trepó al 28,25%.

Para los monotributistas, el panorama es todavía más severo: llevan más de un año con ingresos congelados y arrastran un faltante equivalente a $5.368.253 no recuperados.

Las exigencias del sector estatal

Frente a este escenario, y bajo el diagnóstico de que “no hay margen para más pérdida salarial”, ATE INDEC planteó una serie de exigencias al Ejecutivo:

    Aumento de emergencia del 118% en un solo tramo.

    Bono mensual de $250.000 para todo el personal estatal.

    Reapertura inmediata de la negociación paritaria y sin topes.

    Pase a planta permanente, sin recortes y con la garantía de que ningún trabajador quede por debajo de la línea de pobreza.

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