Corrupción en la ANDIS: Renunció Javier Ignacio Cardini, la pareja de Ornella Calvete
La investigación judicial avanza y Javier Ignacio Cardini, funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, renunció por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El hombre, quien era subsecretario de Gestión Productiva y pareja de Ornella Calvete, quien también renunció, quedó bajo la mira tras el operativo donde se encontraron 700.000 dólares en efectivo en el domicilio de Calvete.
A su vez, Ornella es hija de Miguel Calvete, quien está acusado como uno de los organizadores de las maniobras de corrupción en ANDIS.
La crisis se desató por el allanamiento del departamento de Calvete, donde la justicia secuestró 700.000 dólares en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos, lo que llevó a la salida de Cardini del gobierno y también de Ornella Calvete.
Javier Cardini es el caso más incómodo para el Gobierno. Ingeniero industrial, con trayectoria en empresas tecnológicas y movilidad, llegó al Estado con el aval del círculo cercano de Santiago Caputo, lo que lo convierte en un cuadro de confianza dentro del Ministerio de Economía.
A diferencia de los Calvete, Javier Ignacio Cardini no aparece vinculado directamente al caso ANDIS. Pero su presencia en el aparato estatal —como Subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía— y su historial de sociedades tecnológicas exige analizar qué intereses privados mantiene mientras ejerce funciones estratégicas.
Sus antecedentes empresariales incluyen:
- GreenTech Science LLC
Empresa tecnológica radicada en el exterior. Cardini fue vicepresidente de operaciones.
- Grupo-Tek S.A.
Se desempeñó como director ejecutivo. Firma con perfil industrial-tecnológico.
- QEV Argentina
Vinculada al sector automotriz y la movilidad eléctrica.
- Calandra
Otra empresa donde ocupó cargos directivos.
- GCU Media S.R.L.
Sociedad registrada en Mendoza en la que figura como socio, con objeto comercial amplio (mandatos, comercio, importación/exportación).
Su perfil muestra un recorrido típico de la nueva generación de funcionarios provenientes del sector privado: movilidad entre rubros tecnológicos, empresas de innovación y, finalmente, desembarcó en áreas del Estado que regulan o impulsan los mismos sectores. No hay, hasta el momento, indicios de conflicto de interés formal, pero sí un campo de riesgo: la confluencia entre empresas tecnológicas con operaciones en Argentina y la función pública que diseña políticas productivas.