La Corte obliga al gobierno de Javier Milei, a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario
La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves dejar firme la cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. El fallo llega luego del acuerdo entre Capital Humano y las universidades, por lo que no tendrá un efecto económico por fuera de lo previsto por Nación. Sin embargo, representa un aval a la legislación y al Parlamento.
Al rechazar el recurso del Gobierno por falta de sentencia definitiva, se mantiene por ahora la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
El argumento oficial es que esas instancias duplicaban controles porque el Senado ya realiza audiencias públicas obligatorias y recibe observaciones durante el tratamiento de los pliegos.
A principio de mes, el ministerio que conduce Sandra Pettovello firmó un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que recién este jueves tuvo su final.
El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó la cartera nacional, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.
La causa
El caso llegó a la justicia por una acción de amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales.
La Corte deja firme la medida de la justicia contencioso administrativo federal que había ordenado, antes de resolver el fondo de la cuestión, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley.
Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas de los estudiantes
Antes de la resolución de la Corte Suprema, el Gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso insistió en su sanción y, una vez promulgada, el Ejecutivo subordinó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento.
Después del fallo de la Cámara, el Estado recurrió ante el máximo tribunal, lo que hoy fue rechazado.