Misiones: Avanzan con un proyecto para proteger a los pequeños productores yerbateros

La provincia de Misiones avanza con una herramienta legislativa propia para hacer frente a la crisis que atraviesa la producción yerbatera y, particularmente, la situación de los pequeños productores. Un proyecto de ley propone declarar la emergencia de la producción primaria yerbatera en todo el territorio provincial y otorgar al Estado misionero facultades para establecer un precio mínimo obligatorio para la hoja verde.

La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, alcanza a los productores cuya superficie cultivada con yerba mate no supere las 50 hectáreas y plantea un régimen extraordinario y transitorio destinado a preservar la continuidad de las explotaciones, proteger el trabajo rural y garantizar la sustentabilidad económica del sector.

La diputada provincial de Movimiento por lo que Viene, Arabela Soler, adelantó en Misiones Online el avance de la iniciativa y confirmó que recibirá a asociaciones de productores yerbateros para presentar formalmente el proyecto, escuchar sus planteos y avanzar en el análisis de la propuesta.

“El proyecto lo trabajaron los productores yerbateros durante muchos meses, con el acompañamiento de nuestro bloque, especialmente me involucré, también participó el diputado Cristian Castro del Pays y el primer paso será declarar la emergencia yerbatera en la provincia”, explicó Soler en Misiones Online. “Esa situación ya dota de herramientas desde el Ejecutivo para que acompañe este defecto del mercado o problema sistémico económico que tenemos por la yerba mate”, agregó.

Soler aclaró que “no se trata de una diferencia o problema de negociación entre los privados. Hay un mercado que es diferente, irregular, que no es un producto commodities, que no tiene un precio mundial, por lo tanto, lo que dice Nación de que el precio se acomoda, es equivocado y nuestra obligación es ocuparnos de lo que les impacta a los productores”.

El eje central del proyecto es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes adquieran la materia prima de los productores incluidos en el régimen.

El valor deberá contemplar los costos directos e indirectos de una explotación eficiente, el pago de la mano de obra de acuerdo con la legislación vigente, las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social, además de un margen de utilidad que permita la continuidad económica de las unidades productivas.

La propuesta establece que el precio deberá actualizarse con una periodicidad no mayor a 90 días, aunque podrá revisarse en plazos menores cuando las circunstancias excepcionales lo justifiquen, con el objetivo de que el valor acompañe la evolución de los costos de producción.

Soler, vicepresidenta del Bloque Movimiento por lo que Viene, explicó que “este proyecto que presentan los productores, alcanza a los que tienen hasta 50 hectáreas de cultivo de yerba mate lo que significa un universo de casi el 90% de nuestros productores yerbateros, que sirven cerca del 35% de hoja verde”.

La respuesta provincial ante el nuevo escenario nacional

El proyecto adquiere una fuerte dimensión política a partir del diagnóstico que realiza sobre los cambios producidos en el esquema nacional de regulación de la actividad. Los fundamentos recuerdan que durante más de dos décadas la cadena yerbatera funcionó bajo el régimen de la Ley Nacional 25.564, que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con la finalidad de promover un desarrollo equilibrado de la actividad, corregir las asimetrías entre los distintos eslabones y garantizar la sustentabilidad económica de sus integrantes.

La iniciativa sostiene que ese esquema fue alterado a partir del DNU 70/2023, que quitó al INYM la facultad de fijar precios mínimos de referencia para la hoja verde y la yerba canchada. Los fundamentos también señalan que la limitación fue profundizada posteriormente por el Decreto 812/2025.

En ese contexto, el proyecto plantea que Misiones quedó sin un instrumento nacional vigente que permita modular la negociación de la materia prima, en un escenario que caracteriza por una fuerte concentración del poder de negociación en los eslabones industriales de la cadena.

La iniciativa sostiene además que la crisis actual derivó en un proceso de descapitalización de los pequeños productores primarios y vincula esa situación con la modificación del régimen institucional que regulaba la actividad.

Un precio mínimo obligatorio y controles sobre las operaciones

El proyecto no se limita a establecer un valor de referencia. El Precio Mínimo Sostén sería obligatorio para toda persona humana o jurídica que compre hoja verde proveniente de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un precio inferior o mecanismos de pago que desvirtúen el valor real del mínimo será considerado inoponible, y el comprador deberá abonar al productor la diferencia correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse.

Para garantizar su cumplimiento, la autoridad de aplicación tendrá facultades de fiscalización, inspección, auditoría y control. Podrá requerir documentación comercial, contratos, liquidaciones, medios de pago y registros contables, además de implementar sistemas de trazabilidad física, documental y financiera de las operaciones.

Multas e inhabilitaciones

La iniciativa contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Entre las infracciones figuran comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones, presentar información falsa u obstaculizar las tareas de fiscalización.

Las sanciones podrían incluir apercibimientos, multas, suspensión temporal de registros, autorizaciones o habilitaciones e inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales vinculados con la actividad yerbatera.

Los recursos provenientes de las multas serían destinados exclusivamente al fortalecimiento de las tareas de fiscalización, control, asistencia técnica y modernización administrativa vinculadas con los objetivos de la ley.

La emergencia tendría una vigencia inicial de 360 días corridos, con posibilidad de ser prorrogada por igual período por el Poder Ejecutivo provincial o por la Cámara de Representantes a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.

Una vez finalizada la emergencia o su eventual prórroga, dejarían de regir tanto el Precio Mínimo Sostén como las facultades extraordinarias otorgadas por la norma.

El proyecto también incorpora una cláusula destinada a evitar que el límite de 50 hectáreas sea eludido mediante el fraccionamiento o división formal de explotaciones mayores. Para determinar la superficie se tendrán en cuenta las explotaciones de una misma persona o de personas vinculadas económicamente bajo criterios de dirección, administración o control común.

La Provincia busca ocupar el espacio dejado por la regulación nacional

Los fundamentos remarcan que la propuesta no pretende sustituir el régimen nacional ni reconstruir el esquema institucional anterior del INYM, sino ejercer de manera transitoria las competencias que conserva la Provincia en materia de promoción productiva, desarrollo económico regional, protección del trabajo rural y poder de policía.

El proyecto sostiene que la emergencia busca cubrir el vacío regulatorio existente mientras no haya una herramienta nacional equivalente y plantea que el mecanismo provincial sea limitado en el tiempo y focalizado exclusivamente en los pequeños productores. En paralelo, la iniciativa prevé mecanismos de coordinación con el INYM, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y los municipios, con el objetivo de evitar superposiciones y facilitar una eventual transición hacia soluciones de alcance nacional.

Con la presentación ante las asociaciones de productores que confirmó Soler, el proyecto ingresará ahora en una etapa de discusión con uno de los sectores directamente involucrados. La apuesta política de la iniciativa es que, frente a la pérdida de herramientas regulatorias en el ámbito nacional, Misiones vuelva a asumir un rol activo para garantizar un piso de sustentabilidad económica a los pequeños productores yerbateros.