La obra social IOSFA adeuda $214.000 millones
Con una deuda consolidada que supera los $213.900 millones y un enfrentamiento abierto entre los ministerios de Defensa y Seguridad por quién debe hacerse cargo del pasivo, la definición ya no parece estar al alcance de una comisión técnica sino del propio presidente Javier Milei en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El 6 de julio, el administrador del cierre de IOSFA, coronel mayor (R) Ariel Guzmán, elevó al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, un informe con las conclusiones de la quinta reunión de la Comisión Ad Hoc creada por el DNU 88/2026 para supervisar la liquidación del instituto y el nacimiento del nuevo esquema de salud militar.
Lejos de mostrar avances, el documento expone un panorama cada vez más comprometido. La ex IOSFA acumula un pasivo consolidado de $213.902.225.670, equivalente a unos u$s145 millones al tipo de cambio oficial.
El dato políticamente más sensible es que más de la mitad de esa deuda corresponde a obligaciones de las fuerzas de seguridad federales, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Las contribuciones pendientes de ambas fuerzas alcanzan los $139.057.260.804 millones, cerca de u$s94 millones, es decir, alrededor del 65% del pasivo total de la entidad en liquidación.
El problema tiene nombre y ministerio
Durante la reunión, el representante del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Domínguez, reiteró la posición oficial de esa cartera: no dispone de los recursos para afrontar esa deuda.
La respuesta puso de relieve un conflicto que viene incubándose desde hace meses. Mientras las Fuerzas Armadas regularizaron sus obligaciones con la obra social durante el proceso de transición hacia la nueva OSFA, las fuerzas dependientes de Seguridad mantuvieron intacta una deuda por contribuciones patronales que arrastra antecedentes desde 2017.
El mismo Gobierno que decidió mediante el DNU 88/2026 disolver IOSFA y dividir el sistema de salud castrense entre OSFA y OSFFESEG no encuentra ahora los recursos para cerrar financieramente el organismo que decidió extinguir.
Cinco reuniones sin soluciones
La Comisión Ad Hoc fue concebida para ordenar la transición del sistema sanitario militar. Está integrada por el coronel mayor Guzmán administrador de IOSFA, la contadora Marcela Singer del Ministerio de Economía, el doctor Alejandro Vilches del Ministerio de Salud, el contador Marcelo Cainzos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) el licenciado Fernando Dominguez del Ministerio de Seguridad Nacional y el teniente coronel José Benitez representante del Ministerio de Defensa.
Después de cinco reuniones consecutivas, el diagnóstico es prácticamente el mismo que en abril, cuando se realizó el primer encuentro: la única posibilidad de reducir el pasivo consistía en que cada fuerza cancelara las obligaciones que mantenía con IOSFA y, paralelamente, se diseñara un plan y programa de pago para proveedores y prestadores. Solo una parte de ese compromiso se cumplió.
Las Fuerzas Armadas hicieron los aportes comprometidos. Gendarmería y Prefectura, en cambio, continúan sin cancelar las acreencias que representan buena parte del núcleo del desequilibrio financiero.
Guzmán escala el conflicto
El informe remitido por Ariel Guzmán refleja un evidente agotamiento de la instancia técnica. El cierre de IOSFA quedó atrapado en una refriega presupuestaria entre dos ministerios donde el Estado nacional aparece como acreedor y deudor al mismo tiempo.
"Después de haber llevado adelante la quinta reunión de trabajo y en todas ellas habiendo manifestado como punto central el tema de la deuda del IOSFA... es evidente que no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la misma, como tampoco fue eficaz exigir a las Fuerzas de Seguridad que cumplan con sus obligaciones como lo hicieron nuestras Fuerzas Armadas. Considero que este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención", concluye Guzmán en su informe.
La frase final tiene una lectura inequívoca: la comisión agotó su margen de maniobra y la resolución pasaría ahora por una decisión política del Poder Ejecutivo.
Un costo político que llega a la Casa Rosada
La situación coloca al ministro de Defensa, Carlos Presti, frente a una negociación compleja con el Ministerio de Seguridad Nacional y su evolución a decisorio del Comandante en Jefe de las FFAA, el presidente Milei.
Fuentes al tanto del problema explican que sin la decisión presidencial que habilite la asignación extraordinaria de recursos para cancelar el pasivo consolidado, la liquidación definitiva de IOSFA corre el riesgo de transformarse en un proceso interminable, con proveedores impagos, litigios judiciales y un deterioro creciente de la nueva estructura de prestación sanitaria militar.(Ámbito)