ARCA revisará las paritarias y los permisos gremiales de SUPARA
La relación entre el Gobierno nacional y el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza dentro de la estructura de ARCA una hipótesis que preocupa al gremio: avanzar sobre la legitimidad institucional del sindicato y utilizar esa situación para frenar el proceso paritario y revisar los permisos gremiales de los delegados.
Según pudo reconstruir este medio de distintas fuentes vinculadas al organismo, en despachos cercanos al director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, se viene planteando que la organización sindical todavía no cuenta con el certificado definitivo de autoridades, pese a que ya transcurrieron siete meses desde las elecciones del gremio realizadas en agosto de 2025.
Esa situación abrió interrogantes dentro del organismo sobre la validez formal de la conducción gremial y alimentó una discusión política y jurídica que podría derivar en un conflicto de mayor escala. “Si la elección todavía no está validada, entonces con quién estamos negociando”, es una de las preguntas que comenzó a repetirse en ámbitos oficiales, según señalaron fuentes al tanto de las conversaciones.
La lógica que circula dentro de algunos sectores del Gobierno apunta a que la falta de certificación definitiva podría utilizarse para cuestionar no sólo las negociaciones salariales, sino también la representación gremial de los delegados dentro de la Aduana. Bajo esa interpretación, también podrían ponerse en revisión los permisos sindicales actualmente vigentes.
En el gremio observan detrás de esa avanzada una línea política similar a la que el oficialismo desplegó en otros organismos del Estado y que tuvo expresiones recientes en distintos conflictos sindicales (ver Caso UOM). Dentro de SUPARA vinculan esta situación con el intento previo del Gobierno de instalar mecanismos de desafiliación sindical dentro de ARCA y con una estrategia general de confrontación con las estructuras gremiales.
La preocupación crece porque entienden que el escenario podría derivar en una virtual paralización de las paritarias del sector aduanero en momentos donde el deterioro salarial se profundiza.
Paritarias unilaterales y salarios por debajo de la inflación
El último esquema salarial comunicado por ARCA fue dispuesto de manera unilateral y rechazado por SUPARA por considerarlo insuficiente frente al avance inflacionario.
La pauta oficial estableció incrementos escalonados de 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo de 2026 sobre los salarios vigentes de cada período mensual correspondiente.
Además, se autorizó la actualización del cuadro tarifario para prestaciones extraordinarias comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 – Laudo N° 16/92.
Dentro del sindicato aseguran que, ya en el tercer año de gestión de Javier Milei, se consolidó una política de salarios congelados y recomposiciones definidas unilateralmente por la patronal estatal, sin margen real de negociación colectiva.
SUPARA: Una elección histórica que todavía sigue judicializada
El trasfondo del conflicto remite directamente al proceso electoral de SUPARA realizado los días 13 y 14 de agosto de 2025, en el marco de una renovación histórica para el sindicato luego de más de cuatro décadas bajo la conducción de Carlos Sueiro, fallecido en junio pasado.
De acuerdo al escrutinio de la Junta Electoral, la Lista Celeste oficialista obtuvo una victoria contundente con 2.489 votos sobre un total de 4.501 sufragios emitidos.
La Lista Bordó consiguió 1.342 votos, mientras que la Lista Violeta alcanzó 627 sufragios. También se registraron 28 votos en blanco, 14 observados y 1 anulado.
La elección significó el inicio de una nueva etapa institucional dentro del gremio y consolidó al oficialismo sindical, que logró retener la conducción con un amplio margen.
Sin embargo, el proceso nunca terminó de cerrarse políticamente ni en términos judiciales. La oposición denunció una serie de irregularidades durante los comicios y el conflicto quedó judicializado, situación que hasta hoy impide la validación definitiva de las autoridades.
Pese a esas impugnaciones, dentro del oficialismo sindical sostienen que la Lista Celeste ganó “en buena ley” y por una diferencia contundente, por lo que consideran que la demora judicial en la certificación de autoridades terminó abriendo una ventana política que ahora podría ser utilizada por el Gobierno para avanzar sobre la organización gremial.
Mientras la Justicia todavía no resuelve el expediente electoral, el conflicto amenaza con escalar y convertirse en un nuevo foco de disputa entre la administración libertaria y el sindicalismo estatal.