La reforma laboral del Gobierno después del 26 de octubre

A pesar de las pruebas que se realizan en otras partes con semanas laborales de 4 días, una reducción de jornada a solo tres días parece estar bastante alejada de las posibilidades en Argentina. De hecho, la agenda libertaria tiene la extensión de la edad jubilatoria y la extensión de la jornada laboral.

El horizonte político y legislativo es lo bastante incierto como para plantear un avance en esa dirección.

El presidente Javier Milei afirmó que “se vienen la reforma tributaria, la reforma laboral y mucha desregulación económica… vamos hacia un mercado laboral más desregulado”.

Más específico, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a fines de junio, en el Congreso Somos Pymes, algunos de los fundamentos de la iniciativa que se está “cocinando”: “El daño que está haciendo la actual estructura laboral es indignante. No podemos normalizar que la cantidad de empleadores no crezca desde 2007, que sigamos en 540.000 empleadores. No podemos normalizar que el empleo no crezca desde 2011. La reforma laboral es algo fundamental”.

En países como el Reino Unido, Islandia o Japón, las grandes compañías tecnológicas y startups comenzaron a experimentar con semanas laborales reducidas, a través de programas pilotos donde se trabajaron cuatro días en lugar de cinco.

Y si bien dieron como resultado una mayor satisfacción y motivación de los empleados, menor nivel de estrés y agotamiento, productividad igual o superior, incluso con menos horas de trabajo, menor rotación de personal y mejor retención de talento, en una Argentina aún sindicalizada y con patronales que se siguen manejando con conceptos arcaicos de productividad la solución parece muy distante.

Tampoco el desarrollo efectivo de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos que aparecen en el tránsito a una transformación digital están lo suficientemente asentados como para acelerar un debate sobre cómo distribuir mejor el tiempo y equilibrar trabajo con vida personal.

Esa ecuación por ahora está instalada únicamente en el speach de las consultoras laborales.

Es cierto que en la pospandemia se pasó del confinamiento y el trabajo online a un híbrido que lo alterna con presencialismo, en una proporción de 3 a 2, en la mayoría de los casos.

Y asimismo que las nuevas generaciones están empujando cambios basados en la metodología del trabajo por productividad y en la implementación de modelos más flexibles en formatos híbridos y teletrabajo.

Pero la traba principal para la instrumentación es que la ley no establece un mínimo de días de trabajo, sino un máximo de 8 diarias y 48 semanales, con lo que en la práctica sería posible trabajar solo tres días a la semana, siempre y cuando no se superase el tope de horas.

La cuestión pasa, en consecuencia, por la mantención del mismo salario si se reduce la cantidad de días trabajados en una relación laboral.

Los convenios se rigen por normas como la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Jornada de Trabajo, por lo que cualquier cambio que implique bajar la carga horaria sin modificar la remuneración requeriría primero modificar la legislación.

Lo mismo aplica a beneficios vigentes, como aguinaldo, vacaciones o aportes jubilatorios, que deben dejarse al margen de la recortes proporcionales a la disminución de las horas trabajadas.

Especialistas en temas laborales advierten que «no necesariamente tiene que haber una reforma general para todos los sectores.

Que sería posible a través de acuerdos sectoriales, por industria y mediante convenios colectivos específicos.

En el país es bastante común que ciertos sectores tengan sus propias normas y condiciones negociadas, y eso podría incluir una reducción de jornada sector por sector.

Por el momento, el eje de los cambios estructurales en el régimen laboral argentino que impulsa el Gobierno pone especial énfasis en el sistema de fondo de cese laboral, o sea, en los despidos.

A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y su incorporación parcial en la Ley de Bases 27.742, se introdujeron nuevas alternativas de contratación y mecanismos de indemnización, con la meta de flexibilizar el mercado laboral y fomentar la registración.

El secretario de Trabajo Julio Cordero dijo que la secretaría que comanda «trabaja en los convenio por empresa que permitiría una situación distinta porque podrían negociar con el sindicato si la paritaria nacional quedó muy por encima» y agregó que esa negociación —que señaló que determinadas empresas no podían cubrir— «generan un diferencial salarial siempre hace arriba».

«Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo», consideró.

En este esquema, lo que propone la secretaría que conduce Cordero, que sería lo que pide el presidente Javier Milei, es reducir los pisos de los salarios básicos por convenios y permitir que cada una de las empresas negocie el incremento con su representación sindical interna.

Por último Cordero hizo una defensa de la quita de las multas a las empresas que no cumplen con la legislación laboral que impuso la Ley Bases. «Las personas siempre tienen sus derechos laborales, las multas iban para el Estado, no para el trabajador. Existen multas e intereses gravosos cuando sale un expediente respecto de una persona que fue contratada de manera informal. Haber eliminado multas apunta a un desarrollo que lleve a la conclusión de la informalidad. Por supuesto que falta, pero lo que se hizo fue el comienzo, es una base».