La Cámara de la Industria Aceitera aplaude la apertura del diálogo con los gremios aceiteros

La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que preside Gustavo Idígoras, celebró la convocatoria que realizó la Secretaría de Trabajo para abrir una mesa de diálogo con los dos sindicatos aceiteros del país. Con el objetivo de alcanzar un acuerdo de revisión salarial que preserve el poder adquisitivo de los trabajadores. Y asimismo garantice la continuidad productiva de uno de los complejos exportadores más relevantes de la economía argentina.

La reunión, que se llevó a cabo ayer, representó un paso clave en medio de un conflicto que derivó en medidas de fuerza en distintas plantas del sector. Ante la falta de entendimiento entre las partes, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, de acuerdo con lo que establece la Ley 14.786. Y fijó una nueva audiencia para el martes 14 de octubre a las 12 en la sede de la cartera laboral, en Avenida Leandro N Alem 628, CABA.

Un conflicto que puso en alerta a uno de los sectores exportadores clave

La medida oficial se dictó luego de que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA) anunciaran acciones directas. Estas afectaban la operatoria de empresas líderes como Cargill, Bunge, LDC, Terminal 6, Molinos Agro, Renova, Cofco. Así como otras firmas que que representan por Ciara y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).

Estas medidas amenazaban con paralizar la producción y exportación de aceite, harinas y biodiesel. Actividades que generan un alto ingreso de divisas para el país y representan más del 40% de las exportaciones totales de la Argentina. En ese contexto, la intervención de la autoridad laboral resultó fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y promover un espacio de negociación constructiva.

En su disposición, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, que encabeza Mara Ágata Mentoro, subrayó la necesidad de “garantizar la paz social”. Y también  de proteger tanto los derechos colectivos de los trabajadores como el interés general de la comunidad. En el marco de un conflicto que involucra a una de las principales cadenas productivas del país.

La postura de la industria aceitera

Tras conocerse la decisión, Ciara valoró la convocatoria de la Secretaría de Trabajo. Y reafirmó su compromiso histórico con el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores aceiteros.

“Desde Ciara queremos transmitir la decisión de mantener los salarios aceiteros sin perder frente al índice de inflación mensual. Como venimos haciendo desde hace años y ya hicimos todos estos meses”.

La Cámara destacó que, pese a las tensiones recientes, la industria aceitera sostuvo durante los últimos años un esquema de actualización salarial vinculado a la evolución de los precios al consumidor. Lo que permitió sostener un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y las posibilidades de las empresas en un contexto económico desafiante.

En ese sentido, Ciara insistió en la importancia de que las organizaciones gremiales “mantengan una vocación de acuerdo”. Y presenten propuestas alineadas con la dinámica inflacionaria, “tal como es la práctica habitual en esta industria”.

El reclamo sindical

Del lado sindical, tanto la Federación como el Sindicato de San Lorenzo fundamentaron su reclamo en la necesidad de garantizar el cumplimiento del Salario Mínimo Vital y Móvil. En los términos que define el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Las organizaciones gremiales señalaron que el salario debe “asegurar a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de nueve necesidades básicas. Alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Según su planteo, el valor actual de ese salario mínimo, asciende a $ 2.344.728. Cifra que los sindicatos consideran representativa del piso que debería percibir cada trabajador del sector para sostener un nivel de vida adecuado.

Los gremios manifestaron que la huelga nacional aceitera, prevista para iniciar hoy a las 6  respondía a “la respuesta insuficiente y provocadora de las cámaras patronales al reclamo paritario”. Y ratificaron su voluntad de continuar defendiendo “el derecho de todas las trabajadoras y trabajadores aceiteros al Salario Mínimo Vital y Móvil”

La disposición de la autoridad laboral establece que, durante el período de conciliación obligatoria, los sindicatos deberán suspender toda medida de fuerza. Y los trabajadores deberán prestar servicios en forma normal y habitual. Mientras que las empresas deberán abstenerse de aplicar represalias y garantizar la normal asignación de tareas.

La resolución exhorta a las partes a “mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias. Y contribuir a la paz social y a mejorar las relaciones laborales en la actividad involucrada”.

Un sector estratégico en la economía argentina

La industria aceitera argentina constituye uno de los pilares del comercio exterior nacional. El complejo oleaginoso, que incluye la molienda de soja, girasol y otros cultivos, no solo es la principal fuente de divisas del país. Sino que también sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.

En 2024, el sector aportó más de US$ 20.000 millones en exportaciones. Posicionándose como uno de los principales generadores de ingresos del Estado a través de los derechos de exportación. Además, impulsa la producción de biocombustibles, insumos industriales y alimentos balanceados, entre otros derivados.

Sin embargo, la volatilidad macroeconómica, la presión impositiva, la falta de previsibilidad cambiaria afectan su competitividad y dificultan la planificación a largo plazo.

Con la conciliación obligatoria en marcha, tanto los sindicatos como las empresas tienen ahora una instancia institucional para acercar posiciones. El objetivo, según destacaron fuentes del sector, es alcanzar un acuerdo que acompañe la evolución de los precios sin comprometer la sustentabilidad de las operaciones. En un contexto de elevada incertidumbre económica.

Desde el ámbito laboral, la mediación del Estado busca evitar una nueva paralización de las terminales agroexportadoras principalmente en el Gran Rosario. Es la  zona que concentra más del 70% de la capacidad de molienda del país y que resulta estratégica para la generación de divisas.

En ese marco, la disposición marca un punto de inflexión. El restablecimiento del diálogo y la búsqueda de consensos aparecen como las únicas vías para garantizar la estabilidad del sector y proteger tanto el empleo como la actividad exportadora.

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