Santa Cruz: Comenzó el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan

El 15 de noviembre del 2017 fue una jornada que quedó grabada a fuego en la memoria de los argentinos. En aquel día, se perdió el contacto del ARA San Juan en las aguas del Mar Argentino.

Ahora, luego de ocho años de espera, idas y venidas por diversas cuestiones, llegó el día tan esperado: en las instalaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, comenzó el juicio contra los acusados de haber sido responsables del fallecimiento de 44 héroes que perdieron la vida una vez que el submarino había implosionado.

Luego de presiones de las partes, finalmente, por orden de la Justicia, el debate de valoración de pruebas en la localidad de Río Gallegos, fue en la mañana de este martes cuando, cerca de las nueve, en el primer piso de la Kirchner y San Martín comenzó el debate.

Cerca de las ocho y media comenzaron a llegar las partes. En el ingreso, en las rejas del edificio, había sido colocada una bandera recordando a los 44 héroes que perdieron la vida.

Los primeros en llegar, juntos a las 8:26 horas fueron el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, acompañados por un colaborador de la Unidad de Defensa Pública de Caleta Olivia. Minutos después llegó el capitán de navío Claudio Villamide, acompañado por su abogado Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo. En último ingresó a la sala de audiencias el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, junto con el defensor público Gastón Morillo.

Desde temprano, también esperó a que abrieran la sala, la abogada querellante, representante de 34 familiares de víctimas, Valeria Carreras. Por último llegó el cuerpo de fiscales encabezados por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Gastón Franco Pruzan, acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Lucas Colla, fiscal federal interino a cargo de las sedes centralizadas de Caleta Olivia; y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos.

El proceso está a cargo de un Tribunal Oral presidido por el juez Mario Reynaldi, de la provincia de Santa Cruz, acompañado por los vocales Enrique Baronetto, de Comodoro Rivadavia, Luis Alberto Giménez, también de Santa Cruz, y Guillermo Adolfo Quadrini, de Tierra del Fuego. Ellos fueron los últimos en ingresar a la sala de juicio. A uno de sus costados se encontraban los imputados en una fila detrás de sus defensores. En todo momento, mantuvieron una postura rígida mirando al frente con firmeza e intercambiando la posición de las manos según como ubicaban sus piernas durante el desarrollo del debate.

Con la apertura de la jornada, Reynaldi dio inició a un juicio histórico para la provincia de Santa Cruz: por la magnitud del caso, la cantidad de víctimas y la jerarquía de los imputados en la causa.

Como dato Luis Tagliapetra, querellante en la causa, participó de la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom. Luego de unos minutos, el presidente dio lugar a los imputados para que se presenten. Todos con un tono característico al lenguaje militar, respondieron sin titubear sus nombres, sus jerarquías y sus números de DNI.

Luego llegó el momento de la “protagonista” de la jornada, la secretaría de Cámara del Tribunal Oral Federal, Griselda Arizmendi quien, casi sin interrupciones durante seis horas, dio a conocer el requerimiento de elevación a juicio contra los imputados. Allí se reconstruyó el contexto técnico y operativo del submarino, así como las condiciones en que se encontraba al momento de zarpar.

Uno de los puntos más sensibles expuestos en la lectura fue que la nave habría permanecido 36 meses sin ser inspeccionada integralmente, cuando el fabricante establecía revisiones cada 12 meses, es decir que no había sido mantenida por, al menos, desde el 2014. Además, se mencionó que el submarino no habría sido sometido a todas las pruebas necesarias para garantizar su aptitud de navegación. Estos elementos forman parte central de la acusación, que sostiene que existieron omisiones relevantes en los controles y certificaciones técnicas.

En la audiencia también se incorporaron informes de especialistas en ingeniería naval y peritos que analizaron las posibles fallas técnicas que pudieron haber contribuido al desenlace fatal.

El ritmo de la jornada estuvo marcado por la intensidad del material probatorio. Luego de la primera etapa de lectura, el tribunal dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos para permitir que la secretaria pudiera recuperar la voz y continuar con el desarrollo del acto procesal. Tras la reanudación, se avanzó con nuevos informes técnicos y testimonios incorporados a la causa, profundizando en las circunstancias previas al último contacto con la nave.

De acuerdo al requerimiento, las teorías del caso son contundentes sobre si se podría haber evitado las muertes de 44 submarinistas y esto quedó claro en la lectura de elevación a juicio por parte de Arizmendi.

Para comprender el caso, se tiene que tener en cuenta los antecedentes y el contexto en el que ocurrió la desaparición y posterior implosión del ARA San Juan. Entre el 2008 y el 2014, se realizó la reparación de Media Vida de la nave, ésto implicó el corte del casco resistente y el reemplazo de motores y celdas de batería.

También, en el 2016, un año antes del hecho fatídico, la Sindicatura General de la Nación evaluó la ejecución física y financiera del proyecto de reparación, señalando la necesidad de reparación de media vida según los manuales del fabricante.

En el mismo año, la auditoría de la Inspección General de la Armada concluyó que las deficiencias en el equipamiento operativo del submarino dificultaban su alistamiento y que el incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco afectaba su operatividad.

Durante la lectura de la elevación a juicio, también se hizo hincapié en un incidente que ocurrió en marzo del 2017, se realizó una solicitud de Ingreso a Dique Seco. En esa oportunidad, se solicitó el ingreso al dique para realizar trabajos de carena y reparar novedades, destacando el estado de los periscopios, la limitación de operatividad a 100 metros por una pinchadura en la tubería de refrigeración y la necesidad de chequear el sistema de transmisión de potencia.

Incluso, durante ese año, tres meses después tras una navegación, el informe de actividades detalló numerosas fallas, incluyendo la navegación con un solo periscopio, fallas en el sistema de propulsión, disminución de aceite en el sistema hidráulico, e ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa por falta de estanqueidad en la válvula E-19. También se informó sobre el uso de canisters de cal soda vencidos, algo que podría generar problemas en el futuro.

Respecto de la jornada fatídica en la que ocurrió la implosión, minutos antes de la medianoche,, el jefe de operaciones informó un “principio de incendio en el tanque de baterías debido al ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación, causando un cortocircuito, minutos después el comandante informó que el incendio estaba controlado y que intentaría descender a plano profundo. El COF ordenó finalizar la patrulla y regresar a Mar del Plata, aunque esto nunca ocurriría.

Tal como se pudo ver en la transmisión oficial, y como fue replicada en laopinionaustral.com.ar en su cobertura exclusiva en la que las partes también contaron sus primeras percepciones y reflexiones antes, durante y después de la jornada, fueron necesarios algunos cuartos intermedios para que la secretaria descanse la voz y también para que los presentes puedan despejarse unos momentos.(La Opinión Austral)

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