Diputados aprobó y devolvió al Senado la ley de inversiones de Macri
La Cámara de Diputados aprobó el régimen de participación público privada, la ley que el Gobierno prometió en el Mini Davos, con las modificaciones pedidas por el massismo y el Justicialismo por lo que volverá al Senado.
El proyecto clave de Mauricio Macri para atraer inversiones dio un paso importante al aprobarse en la cámara baja, por 151 votos afirmativos contra 77 en contra, en su mayoría del Frente Para la Victoria, luego del fracaso del miércoles pasado que lo había devuelto a comisión.
En la sesión que también se votará el presupuesto, el Frente Renovador y el bloque de Diego Bossio votaron a favor del proyecto y lo enviaron de vuelta a la cámara alta con varios cambios. El Senado podrá aceptar las modificaciones de Diputados o insistir con el proyecto que aprobaron en septiembre.
Como explicó LPO, Cambiemos quería aprobarlo la semana pasada y negociaba los cambios en el momento, hasta que el kirchnerismo pidió que vuelva a comisión y Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer avalaron el pedido, ya que ante tantos cambios no sabían que iban a votar.
Ayer pasó por un plenario de comisiones y el oficialismo aceptó las modificaciones necesarias para llevarlo hoy al recinto. Como contó este medio, Massa exigió crear una bicameral para monitorear los proyectos PPP. Pero ayer se agregó otra exigencia, elevar la participación del sector nacional a un 33 %, algo que la CGT también reclamó.
Otro de los cambios que hoy se aprobaron es la obligatoriedad de justificar, previo a la licitación, porque convendría un contrato de PPP. También, ampliaron que deberá favorecer a las PYMES locales en caso de paridad de ofertas.
El proyecto fue redactado por el asesor de Macri en inversión extranjera, Horacio Reyser, y define como contratos de participación público-privada a los celebrados entre el Gobierno y sujetos privados para desarrollar proyectos en infraestructura, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada o innovación tecnológica.
Le permite a las multinacionales interrumpir contratos o hacer juicios en el exterior en caso de no sentirse cómodas en el país. Aunque no elimina el actual régimen de obra pública, sí puede sustituirlo o realizar subcontrataciones.