La Libertad Avanza buscará destrabar la Ley de Defensa de la Soberanía

Luego de que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, resolviera postergar una semana el plenario que iba a realizarse la última semana para emitir dictamen, desde la Casa Rosada buscaron transmitir optimismo respecto de la marcha de las negociaciones parlamentarias.

La reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal quedó reprogramada para este martes 27 de octubre a las 16 en el Anexo C de la Cámara de Diputados, con el objetivo de continuar el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Desde la oposición, sospechan que el giro en la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la disputa con el Reino Unido respecto de la soberanía territorial de las Islas Malvinas influyó para que el oficialismo pusiera el freno de mano en el Congreso.

El embajador de Peter Lamelas habría pedido no sancionar a empresas petroleras estadounidenses que operan en Malvinas y en Vaca Muerta.

Los puntos clave del proyecto del Gobierno: control interno peligroso

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.

Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.

Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.

Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.

Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.

También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.

Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.