Jueza ordena abrir una investigación sobre la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner
La fiscal federal subrogante de Río Gallegos Patricia Ramallo pidió ayer abrir una investigación por la filtración en medios de comunicación de escuchas telefónicas sobre conversaciones que mantuvieron la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli.
El pedido de investigación surge de una denuncia hecha por la ex mandataria, la cual recaló en el juzgado subrogado por el camarista Javier Leal de Ibarra, quien se excusó puesto que a su vez tiene a cargo la oficina encargada de captación de teléfonos que depende de la Corte Suprema de Justicia.
La línea de Parrilli habría estado intervenida al menos durante 60 días a mediados del año pasado a pedido del juez federal federal Ariel Lijo, en el marco de la investigación por presunta inacción en la detención de quien hasta ese momento estaba prófugo, el empresario Ibar Pérez Corradi.
Por ese caso, el juez Lijo procesó al ex jefe de la AFI días atrás por el delito de encubrimiento en la fuga de Pérez Corradi en base a las escuchas telefónicas y documentación sobre la actuación de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (ex SIDE).
A raíz de esa intervención hubieron varias conversaciones de Cristina con Parrilli y algunas de ellas se filtraron a la prensa, como ser el diálogo en el que la ex jefa de Estado se refiere al "armado" de causas contra el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso.
Esas escuchas dieron lugar a varias denuncias presentadas en la Justicia Federal.
En paralelo, la ex presidenta denunció la filtración y apuntó al juez Lijo, quien ordenó la escucha a la oficina encargada de llevarlas a cabo, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia.
Incluso, sumado a la causa judicial, el máximo tribunal de justicia del país, por pedido de Parrilli, dio inicio a un sumario administrativo por el cual ya se solicitaron informes y mediante el cual se busca delimitar responsabilidades en las filtraciones a la prensa.