Anularon la antigua acta de defunción y reconocieron el homicidio de Carlos Tereszecuk, como crimen de lesa humanidad
El documento fue emitido en cumplimiento de una sentencia dictada en 2025 por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia. El militante misionero fue secuestrado en noviembre de 1976, asesinado y arrojado al río Paraná. Sus restos fueron identificados en 2018.
El Registro de las Personas de Corrientes emitió un nuevo certificado de defunción de Carlos Tereszecuk, militante estudiantil y del Partido Auténtico de Misiones, quien fue secuestrado durante la última dictadura militar y asesinado en noviembre de 1976. La nueva inscripción reconoce que su muerte fue consecuencia de un homicidio cometido en el marco de crímenes de lesa humanidad.
La medida fue adoptada en cumplimiento de una sentencia por el derecho a la verdad dictada en noviembre de 2025 por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, a partir de una presentación realizada por familiares de Tereszecuk con acompañamiento del Ministerio Público Fiscal.
El nuevo certificado establece que el cuerpo fue recuperado de las aguas del río Paraná, frente a la localidad correntina de Empedrado, y deja asentado el carácter de lesa humanidad del homicidio.
Como parte de las medidas de reparación, también se dispuso la anulación del acta de defunción original, confeccionada en 1976. El nuevo documento fue registrado como Acta N° 41, Tomo N° 80, Folio N° 41, año 2026, correspondiente a Empedrado.
Los hermanos y sobrinos de Tereszecuk recibieron copias del certificado durante los días 5 y 6 de agosto.
El secuestro y la muerte
De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el proceso judicial, Tereszecuk tenía 24 años cuando fue secuestrado durante los primeros días de noviembre de 1976. Luego fue trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia, donde funcionaba un centro clandestino de detención bajo control conjunto de efectivos policiales y del Ejército.
Los testimonios incorporados a la causa señalaron que el joven fue sometido a torturas y que presentaba un grave deterioro físico. Los testigos también indicaron que no podía mantenerse de pie ni caminar y que, por orden de los responsables del lugar, otro detenido debió asistirlo para bañarse.
La investigación judicial estableció que Tereszecuk fue asesinado durante la segunda semana de noviembre de 1976. Su cuerpo fue arrojado al Paraná y recuperado el 15 de noviembre en la costa de Empedrado, localidad ubicada a unos 70 kilómetros de Resistencia.
Los restos fueron enterrados inicialmente como NN en el cementerio de esa localidad. Recién en 2018, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró establecer su identidad.
Una práctica utilizada durante la dictadura
La sentencia también reconstruyó el mecanismo utilizado durante el terrorismo de Estado para deshacerse de los cuerpos de personas secuestradas y asesinadas.
Según quedó establecido en el expediente, el arrojo de cadáveres al río Paraná formó parte de una práctica sistemática. Los cuerpos eran arrojados al agua sin ropa y, en distintos casos, presentaban signos de violencia y estaban sujetos con alambres en las manos y los pies.
También se registraron maniobras destinadas a dificultar la identificación de las víctimas y evitar que los cuerpos fueran recuperados, entre ellas la mutilación de las yemas de los dedos y cortes en el abdomen.
La investigación permitió avanzar en la identificación de otras personas que habían sido enterradas como NN en Corrientes. Entre ellas se encuentran Rómulo Artieda, desaparecido en mayo de 1977 tras permanecer en el centro clandestino que funcionó en el Regimiento de Infantería N° 9 de Corrientes, y Julio “Bocha” Pereyra, víctima de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976.
El caso de Tereszecuk fue llevado ante la Justicia federal por sus familiares, con intervención del fiscal general Federico Carniel y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Diego Vigay. La sentencia de 2025 permitió establecer judicialmente las circunstancias de su secuestro, tortura y homicidio y dispuso medidas destinadas a garantizar el derecho a la verdad y reparar a sus familiares.
El nuevo certificado de defunción constituye una de esas medidas y reemplaza el documento confeccionado durante 1976, cuando la muerte de Tereszecuk no había sido registrada oficialmente como consecuencia de un crimen de lesa humanidad.(MOL)