Máximo Kirchner presentó un proyecto de "defensa de la posición argentina" ante el FMI

Lo que este domingo comenzó con una proyección frente al edificio de San José 1111 -donde se encuentra en prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Kirchner-, con la leyenda "Fuera FMI de Argentina", por parte de la militancia K, continuó este lunes con la presentación de una iniciativa que apunta a poner topes al endeudamiento y reforzar el control parlamentario.

En efecto, mediante un comunicado se aseguró que el proyecto "busca recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo con el objetivo de que ninguna operación de crédito se decida por decreto" y, además, "fija un techo legal a la deuda externa, e instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al propio FMI una revisión del excedente que hoy carga el país".

"La propuesta de Kirchner busca para la Argentina orden, previsibilidad y mayor control democrático", se manifestó sobre la iniciativa, que también lleva las firmas de sus pares Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.

Para el líder de La Cámpora, "frente a la situación actual de endeudamiento que atraviesa la Argentina se hace necesario distinguir lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente)". "La iniciativa abre un debate que requiere de diferentes esferas de decisión a nivel local e internacional que demandan del compromiso del Poder Legislativo y Ejecutivo para garantizar una salida sostenible que no dependa de un nuevo ajuste sobre el pueblo argentino", se agregó.

El hijo de la expresidenta recordó que "el FMI y las autoridades argentinas que llegaron a un acuerdo en 2018 son el origen de la situación de endeudamiento actual. El Fondo no aplicó las herramientas previstas para controlar la fuga de capitales a la vez que el crédito fue aprobado por el macrismo incumpliendo los procedimientos institucionales esenciales. Estas cuestiones se evidencian en los informes de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI y de la Auditoría General de la Nación".

"Basado en la doctrina de corresponsabilidad acreedor-deudor, el proyecto tiene en cuenta que las consecuencias de un programa fallido no pueden recaer solamente sobre el país deudor, cuando el acreedor multilateral ha incumplido sus propios estándares de gobernanza técnica. El caso argentino es un ejemplo paradigmático de falla institucional y su corrección beneficiará al conjunto del sistema", se resaltó.

Según Kirchner, "se trata de ordenar la macroeconomía priorizando el equilibrio social en beneficio de los argentinos". En esta línea, el legislador propone discutir el excedente político del acuerdo de 2018 para establecer un plan de pagos sostenible, atado al crecimiento de la Argentina y sin descargar el ajuste sobre la distribución del ingreso. "Para ello es necesario redefinir cuánto corresponde pagar y en qué plazo debe hacerse. La deuda con el organismo equivale a 13 veces la cuota argentina, por lo que el tramo en discusión es de entre 30.000 y 37.800 millones de dólares", subrayó.

¿Qué prevé el proyecto?

Principios rectores (Título I): Soberanía económica, corresponsabilidad acreedor-deudor, la cuenta capital como herramienta legítima y permanente, sostenibilidad de la deuda medida por capacidad real de pago, transparencia y control democrático, y multilateralismo activo.

Mandato de negociación con el FMI (Título II): Instruye al Poder Ejecutivo a impulsar una reforma del Convenio Constitutivo del Fondo en cuatro ejes: Artículo VI obligatorio ante fuga de capitales, una Facilidad de Recuperación Soberana para exposiciones extraordinarias, excepción a la uniformidad de recompra, y un principio de corresponsabilidad institucional del propio Directorio.

Regulación de la cuenta capital (Título III): Reconoce la administración macroprudencial de los flujos de capital como herramienta permanente de política económica, no como medida excepcional.

Aprobación y control parlamentario (Título IV): Toda operación de crédito con organismos financieros internacionales requiere ley del Congreso; se prohíbe expresamente el DNU y el decreto delegado para esta materia, y se exige un expediente técnico completo y público antes del debate.

Comisión Bicameral de control (Título V): Un órgano permanente del Congreso, con acceso a información reservada, hace seguimiento de los programas vigentes y puede solicitar auditorías a la AGN. Se amplían sus facultades.

Regla fiscal permanente (Título VI): Techo de deuda pública externa del 200% de las exportaciones de los últimos tres años, con excepciones tasadas y mayoría especial para superarlo.

Disposiciones de cierre y transición (Título VII): Mayoría agravada para modificar la ley, derogación e integración con la Ley 27.612, y una disposición transitoria que obliga a que el Congreso ratifique o rechace el programa vigente (DNU 179/2025) dentro de los 90 días de sancionada la ley.(Parlamentario)