La provincia de Jujuy debe ser intervenida de inmediato
Los diputados nacionales del bloque FpV-PJ, que preside Héctor Recalde, reclamamos al gobierno nacional que disponga la inmediata intervención federal de la provincia de Jujuy, con el fin de que se restablezcan el orden institucional y las garantías del debido proceso, volvemos a exigir la inmediata liberación de Milagro Sala.
Pasó un año desde la detención de Milagro Sala, y el gobierno sigue haciendo caso omiso a la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el secretario general de la OEA Luis Almagro, el premier canadiense Justin Trudeau. Todos ellos coinciden en que la detención de Sala es arbitraria y exigen su inmediata liberación.
Pasó un mes desde que nuestro bloque presentó un proyecto de ley pidiendo la intervención federal de la provincia de Jujuy, y no paran de acumularse las pruebas de que en Jujuy no existen hoy ni el respeto por los Derechos Humanos, ni la división de poderes, ni las garantías del debido proceso.
Primero, la cobarde agresión que sufrió la compañera Mayra Mendoza a manos de la policía de Gerardo Morales. Luego, el asesinato del sobrino de uno de los presos políticos vinculados a la Tupac Amaru, que el Servicio Penitenciario intentó presentar como un suicidio.
Y ahora, la cadena de correos electrónicos –revelada el domingo por el periodista Horacio Verbitsky- entre el abogado apoderado de Morales, Federico Wagner; el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara De Langhe de Falcone; y el representante de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, Leandro Despouy; en la que buscan coordinar una estrategia que “justifique el mantenimiento de la prisión preventiva” de Milagro Sala ante la inminente visita de una delegación de la CIDH. Una muestra más de que en Jujuy la Justicia no es imparcial ni independiente, sino que constituye un mero apéndice del Ejecutivo.
Por todo ello, coincidimos con lo planteado ayer por el extitular de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni: el remedio jurídico para el mal que asola Jujuy es la intervención federal de la provincia, como ya planteamos en el Parlamento y como establece nuestra Constitución Nacional cuando no se garantiza la administración de justicia.