Comienza mañana el juicio contra Milagro Sala por el acampe que lideró en la plaza central de Jujuy
La dirigente social Milagro Sala y la organización que lidera, Tupac Amaru, como persona jurídica, serán juzgadas a partir de mañana en Jujuy por la ocupación del espacio público y alteración del orden, a raíz del acampe y protesta que llevaron adelante durante 51 días en la plaza Belgrano, de esta ciudad, entre diciembre y febrero pasado.
El juicio oral y público se celebrará en la sede del juzgado Contravencional, a cargo del juez Matías Ustarez Carrillo, a donde los supuestos imputados, Sala y la Tupac Amaru, están citados para ejercer el derecho de defensa, informaron hoy a Télam fuentes judiciales.
"La imputación contra Sala es por violar el artículo 113 y artículo 7 del Código Contravencional (CC) que refiere a la ocupación del espacio público y alteración del orden, lo que significó el hecho del acampe, y por el cual se está investigando esta causa", dijo Ustarez Carrillo.
También se va a dilucidar la participación de la persona jurídica, en este caso la agrupación, que también está imputada, añadió el juez quien entró en funciones en enero pasado cuando empezó a regir el nuevo CC en Jujuy.
Se van a ventilar desde mañana distintos ofrecimientos de prueba, entre ellos, los testimonios del secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma a nivel nacional, Fernando Acosta; José del Frari, secretario general de ADIUNJU; Anabel Yaciancia, de ATE Jujuy y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz y diputado nacional mandato cumplido, Horacio Pietragalla, todos por parte de la Tupac Amaru.
Desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 2 de febrero de 2016, la Red de Organizaciones Sociales realizó un acampe en Plaza Belgrano, para reclamar al gobierno provincial, según la Tupac Amaru, la apertura de una instancia de diálogo y por la continuidad de miles de puestos de trabajo.
Debido a la protesta, comerciantes ubicados alrededor de la plaza resultaron damnificados y en su momento fueron resarcidos económicamente por el gobierno.
El diputado provincial Ariel Ruarte, integrante del equipo de abogados defensores de Milagro Sala, señaló que "el derecho a la libre expresión, de petición a las autoridades y de reunión son de indiscutido rango constitucional".
Ruarte aseguró que aquella manifestación "fue pacífica" y "constituyó un uso tan legítimo del espacio público como lo son las actividades comerciales o el tráfico de vehículos y personas".