Las asociaciones de usuarios y consumidores criticaron los aumentos y bregaron por unificar la tarifa social

Asociaciones de usuarios y consumidores criticaron hoy el nuevo cuadro de aumento dispuesto por el Gobierno nacional para el gas, en especial el valor fijado a boca de pozo que implica una dolarización de la tarifa, al tiempo que reclamaron que los trámites para acceder a la tarifa social sean menos engorrosos para la gente sin la necesidad de que los interesados tengan que gestionarlos ante cada una de las empresas de servicios.
"Tenemos que discutir la tarifa del valor de gas en boca de pozo, en el transporte y la distribución, pero esta audiencia no está enmarcada en eso sino que analiza los precios de 2015 y 2016 para tomar esa caracterización para un precio que no se refiere a ningún precio real", disparó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, y se preguntó "cuál es el valor con el cual en ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, se sienta en la mesa de negociación para defender a los usuarios. Ese es el tema central".
"El escenario actual del país, en lo que respecta al gas, indica que no nos autoabastecemos y tenemos que importar. A raíz de eso, el gobierno propuso planes de estímulos para la producción: la primera sube el BTU tres veces más que los precios internacionales; otra característica es que, si estamos poniendo planes de estímulo para la producción de gas que estamos pagando todos, el precio futuro debería ser más barato, no más caro. Esto no es lo que se ve plasmado en la presentación, si no que el ministro lo plantea al revés", continuó Polino.

En base a este escenario, el titular de la entidad de defensa al consumidor propuso que "el precio futuro debe ser convergente con los precios de otros países productores de petróleo y con reservas parecidas al nuestro: para el barril el precio ronda los u$s 40, mientras que el sostenimiento interno es de u$s 60. Si usamos el mismo criterio para el gas, tenemos que el valor debería ser cercano a los u$s 3,5 y no a u$s 6,80 como se propone" y adujo que "no es válido ni razonable incorporar en el calculo del gas para el 2019/20 una estructura de costos que no tiene nada que ver con la producción local del bien".
"En consecuencia nos oponemos a que se establezca un aumento del 203% promedio, porque los aumentos de los trabajadores y de la clase pasiva no aumentaron en esa proporción y le están dando a las empresas ganancias extraordinarias", subrayó Polino.

A su turno, el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Isaac Rudnik, sostuvo que en el aumento promedio propuesto por el Ejecutvo Nacional del 203% hay "una trampa".

Según el especialista, en base a los números presentados por el Enargas para el cálculo de los incrementos tarifarios, "el Gobierno ahora los separa en sectores de consumo: a los de bajo consumo les propicia un 400% de aumento; a los de medio un 178% y a los sectores de alto consumo un 107%, pero para 2017 a los de bajo consumo el aumento sería del 47%, pero con la estimación de una depreciación del peso del 20% respecto al dólar, por lo que hay que agregarle eso".
"Entonces, para 2019 los sectores más bajos el incremento seria de 1200%, a lo que hay que sumarle la posible devaluación del dólar en ese momento. Esto es producto de la dolarización de las tarifas a boca de pozo", dijo el especialista.

Al cerrar su exposición, Rudnik consideró que "el criterio de eliminar los subsidios corresponde a una concepción filosófica obsoleta, liberal y fundamentalista. En ningún lugar del mundo los servicios tienen que estar regidos por la oferta y la demanda, porque los mismos no se pueden dar de baja".

Por su parte, el presidente de la ONG Control Ciudadano, Mario Fuentes, hizo hincapié en la tarifa social: "El incremento debe ser en un marco lógico, atado a la realidad económica argentina y de los trabajadores. Buena parte de los usuarios residenciales están por debajo de la linea de pobreza y muchos son comerciantes, que aparte de recibir las cargas impositivas reciben estos aumentos, por lo que pedimos que la tarifa social se integre en el informe porque hay una falencia en los sectores afectados".

A continuación, propuso "una tarifa social para todos los que lo ameriten con un tramite fácil. Además, los clubes de barrio, hogares de niño, etcétera, son lugares de notable servicio publico por lo que también tienen que estar incluidos en la tarifa social. Esto debe ser contemplado y solucionado, hay que buscar que los números cierren, pero con la población adentro. No hundan a nadie por favor".

Por último, el titular de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, quien presentó el amparo junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) que frenó el tarifazo, aseguró que “la propuesta tarifaria no ofrece pauta alguna respecto a en qué y cuánto se va a invertir ni de cómo se va a garantizar el acceso masivo a 5 millones de personas que hoy no tienen redes de gas natural con un servicio que no se va a poder pagar”.
“Si a esto llaman la herencia la están complicando aún más, y algunas cuestiones hoy tienen un panorama mucho más negro”, afirmó Procelli tras insistir en que “el Estado se apartó de su rol de mediador entre las empresas y los consumidores, y se puso del lado del más fuerte al imponer un tarifazo terrible a más de 5 o 6 años”, concluyó Procelli.