EE.UU: Asociaciones civiles denunciaron el "desguace" de la ley de medios, por el gobierno de Macri
Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y autoridades del gobierno argentino participaron ayer de una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y titulada "Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina".
El encuentro se dio por consecuencia de las cambios que ejecutó por decreto el presidente Mauricio Macri para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a poco de haber asumido el cargo. Por este motivo, distintos organismos llevaron su reclamo a la Comisión Interamericana para denunciar un "desguace".
La representación de la sociedad civil fue encabezada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, a quien acompañaron Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes), Damián Loreti (CELS), Néstor Busso (Farco), Daniel Badenes (Redcom) y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Por el Gobierno asistieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Eduardo Bertoni; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del Enacom, Silvana Giúdici.
"Se ha suprimido la voz, el voto y la participación de la sociedad civil", consideró Verbitsky al referirse a los cambios. Sin embargo, en nombre del Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, dijo que los decretos de Macri cierran la "etapa de discrecionalidad".
Desde el CELS exigieron que el gobierno de Macri que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados” por los decretos que anularon parte de la normativa y “garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación”.
Por su parte, los representantes del Gobierno, sin responder a los cuestionamientos que se le formularon, se apoyaron en el argumento de que los decretos dictados por el Ejecutivo y refrendados esta semana por la Cámara de Diputados fueron realizados “en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al Presidente”.