Piden a Casación que deje sin efecto falta de mérito a Vicente Massot dispuesta por Cámara Federal

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de esa ciudad bonaerense favoreció al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad.
Los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani recurrieron ante la Casación la falta de mérito que benefició a Massot y que se dicte un nuevo pronunciamiento en el marco de la causa, informaron hoy fuentes judiciales.
Los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro habían ratificado en febrero último la falta de mérito resuelta en primera instancia por el juez Claudio Pontet y declarado abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por éste último como subrogante en el juzgado federal 1.
La fiscalía acusa a Massot de contribuir con actos indispensable a la consumación en 1976 de los asesinatos de los obreros y delegados gremiales gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en el diario más poderoso de Bahía Blanca.
También lo acusa de haber efectuado desde el diario aportes "esenciales" en el "ocultamiento deliberado de la verdad" en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.
En el escrito que presentaron ante la Cámara de Casación, Nebbia y Palazzani objetaron la resolución de la Cámara Federal bahiense y señalaron que la falta de mérito de Massot "resulta equiparable a sentencia definitiva" absolutoria.
Además, indicaron que la resolución ahora recurrida "reconoce que las acciones psicológicas eran parte del plan criminal (lo que implica admitir su relevancia penal), que para su ejecución resultaban necesarios los medios de comunicación y que no sólo la misma se ejerció a través de La Nueva Provincia, sino que está resultaba indispensable para tal tarea".
"De acuerdo al resolutorio, la imputación penal reprocha a Vicente Gonzalo Massot el ser dueño de un monopolio mediático regional durante el período de los años de plomo", agregaron en el escrito.
Entre otras cuestiones además la Unidad Fiscal de Derechos Humanos mencionó instrucciones militares de inteligencia según las cuales el jefe del V Cuerpo de Ejército, general Acdel Vilas, había definido al diario de Massot como "un valioso auxiliar de la conducción" represiva en tareas de acción psicológica.
También impugnaron la afirmación de la Cámara Federal bahiense en el sentido de que el diario alentó la denominada "lucha contra la subversión" sólo en su aspecto "legal".
"La exhortación cotidiana y constante al exterminio de un grupo de la población, no sólo no puede considerarse un apoyo a aspecto legal alguno, sino que se encuentra expresamente contemplado por el Derecho Internacional Público como uno de los más graves delitos que puede concebir la humanidad", subrayaron.
Para los fiscales, la resolución de falta de mérito "invierte completamente los términos de la hipótesis imputativa, pues esta última no parte de lo que era La Nueva Provincia, sino de lo que hizo".
"Es decir, qué publicó durante el período de tiempo investigado y de qué modo dicha actividad se encontraba funcionalmente inserta dentro del plan criminal sistemático, de un modo general (incitando a todo el tejido social a participar del genocidio, legitimando las acciones genocidas y ocultando su ilegalidad) y particular (publicando información falsa en relación a las víctimas del accionar genocida)".
También argumentaron que en los medios de la familia Massot "quedó plasmado un mensaje de incitación al genocidio, a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano (el 'enemigo', el 'subversivo', el 'apátrida', el 'ideólogo'), un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella 'tarea histórica', una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad".