Un productor denunció a niños por robar naranjas: Puertas adentro había trabajadores en condiciones inhumanas
En el Alto Paraná misionero, un empresario citrícola activó un fuerte operativo policial para atrapar a menores originarios que sacaban frutas de su chacra para subsistir. Apenas días después, las irregularidades de su propio establecimiento quedaron al descubierto cuando un joven trabajador denunció jornadas de 12 horas, sin comida ni protección, por apenas 15.000 pesos diarios.
221 naranjas: la primera denuncia
La secuencia comenzó en una propiedad rural ubicada en las inmediaciones del camino a Puerto Mado, zona de Eldorado. El dueño del establecimiento citrícola (identificado luego con las iniciales R.R.) radicó reiteradas denuncias por el robo de frutas, lo que motivó un gran operativo de la División Delitos Rurales de la Policía, extendido durante un mes con más de 15 intervenciones.
El despliegue policial descubrió que quienes ingresaban a la plantación eran niños y adolescentes de las comunidades mbya guaraní Ysyry e Yvoty Porã. Los menores cruzaban por senderos de monte —sin alambrados ni límites físicos claros que delimitaran la chacra— para recolectar las naranjas destinadas al consumo familiar o al trueque por mercadería. El operativo culminó a fines de octubre con la intercepción de cuatro menores que llevaban 221 naranjas en mochilas y bolsas. El productor exigió el peso de la ley, criminalizando una práctica ligada a la extrema pobreza y a la histórica recolección de las comunidades en su entorno natural.
La contracara: condiciones inhumanas puertas adentro
El discurso de legalidad y defensa de la propiedad del dueño duró apenas unos días. El 28 de octubre, la realidad puertas adentro de esa misma producción citrícola en la zona de Colonia Victoria quedó expuesta. Axel G., un trabajador de 21 años, se presentó ante las autoridades para denunciar formalmente las pésimas condiciones a las que R.R. lo sometía.
El joven relató que había sido contratado «de palabra« y obligado a cumplir jornadas extenuantes de 12 horas, desde las 6:00 hasta las 18:00. Por cada día completo de cosecha lograba reunir unos magros $15.000 (a razón de $400 por recolector llenado). A la informalidad y la precarización salarial se sumaba el abandono total: el dueño no proveía alimentos durante todo el día ni entregaba elementos de seguridad básicos como botas, obligando a los peones a ingresar a pastizales altos con riesgo constante de ataques de víboras.
Cuando el joven exigió una mejora en el pago y el equipamiento básico para proteger su vida, el productor se lo negó. Tras abandonar la chacra ante esta respuesta, R.R. intentó acusarlo de ausentarse sin aviso, maniobra que Axel frenó con su denuncia, respaldada además por antecedentes de otros exempleados del mismo establecimiento que sufrieron irregularidades similares.
La balanza de la justicia
La contraposición de ambas noticias publicadas por Misiones Online expone una profunda hipocresía en ciertos sectores productivos: la exigencia de una rápida movilización de recursos de seguridad del Estado para perseguir a familias originarias por un puñado de naranjas, frente a la impunidad con la que puertas adentro se sostiene un sistema de precarización estructurado sobre la vulnerabilidad de los peones.
Mientras la justicia analiza qué hacer con los menores mbya atrapados con frutas, los organismos competentes ahora deberán poner la lupa sobre la chacra del denunciante para determinar sus responsabilidades por operar al margen de las leyes laborales más elementales.