Buenos Aires: El costo de la verificación policial se duplicó y pasaría a manos privadas

Lo más escandaloso del nuevo sistema es su pase a manos privadas, a partir de un convenio celebrado entre a Provincia y la Cámara de Verificadores, que tiene, desde ahora, el control y la mayor parte del lucro de un trámite que es obligatorio para cada transferencia vehicular que se lleve a cabo en el país

Hasta el 17 de julio, cualquier bonaerense podía verificar su vehículo a cambio de entre 405 y 450 pesos, de los cuales 300 a 350 correspondían al valor de formulario Tipo 12, que se conseguía en kioscos y librerías, y 105 del pago de la verificación, que se efectuaba en ventanilla. Desde el 17 de julio, hay que registrarse en el Ministerio de Seguridad, bajar un comprobante, abonar 800 pesos y dirigirse a una planta de verificación.

 A lo largo de la semana, colas de automovilistas se agolparon en la nueva planta de Avenida 520, en La Plata, desde las 5 de la madrugada, como reveló FM CIELO, para darse con que la atención al público, prometida para las 8, no se concretaba, y que no había información de ninguna clase. Las quejas apuntaron, además, a las fallas del sistema informático a partir del cual se gestionan los formularios y el pago de la verificación, que también reportó este portal.

Sin embargo lo más escandaloso del nuevo sistema es su pase a manos privadas, a partir de un convenio celebrado entre a Provincia y la Cámara de Verificadores, que tiene, desde ahora, el control y la mayor parte del lucro de un trámite que es obligatorio para cada transferencia vehicular que se lleve a cabo en el país.

Según reconstruyó INFOCIELO, el acuerdo implica que el Estado Bonaerense aporta el recurso humano –por ejemplo policías encargados de la verificación, que lógicamente no estarán patrullando las calles- a cambio del 4 por ciento de la recaudación, además de las tasas que ya percibía. El Registro Nacional, por su parte, recauda a través de la venta del formulario r12, cuyo valor se establece por ley e 300 pesos.

Asimismo, si bien este medio consultó a fuentes del Ejecutivo provincial sobre este tema, no obtuvo respuestas para aclarar la situación. Además, al momento, tampoco brindaron información oficial del negocio millonario, por lo que se desconoce si se trata de un convenio, o si acaso hubo licitación, o no.

Pero hay más para repartir: las empresas de cobranza –RapiPago, PagoFacil, el mismo BAPRO-  obtendrán entre el 4 y el 5 por ciento por el pago de la boleta y el resto, es decir unos 200 pesos por cada vehículo verificado –cerca del 25 por ciento- queda en manos de la Cámara de Verificadores.

El Gobierno de Daniel Scioli, que implementó el grabado de autopartes a partir de la sanción de una ley, tomó otro camino para evitar la “mafia policial”: dejó en manos del Ministerio de Justicia, y no de la Policía, la tarea. Sus sucesores revirtieron esa medida: ahora tanto el grabado como la verificación dependen de Seguridad y allanan el camino para que los grabadores hagan su negocio.

Es que, además del clásico grabado de cristales, el grabado de puertas, capot y baul se convirtieron en requisitos legales para pasar la verificación. Además, se establecieron multas para quienes no lo efectúen en tiempo y forma, vayan o no a realizar una transferencia. El valor del grabado de autopartes es de 820 pesos y se realiza en unos 40 talleres privados de la Provincia, con lo cual los grabadores completaron un negocio redondo a partir del lobby de una cámara difícil de rastrear.

Es que los grabadores, si bien tienen una página web oficial, no consignan más datos que una dirección de correo electrónico: Ni autoridades, ni domicilio físico, ni una línea telefónica. ¿Es una cámara fantasma? Bien vale la pena preguntárselo.

La facturación para la Cámara puede ser millonaria. Según datos de la Cámara de Comercio Automotor, entre enero y junio de 2017 se celebraron en la Provincia 310.333 transferencias vehiculares, cerca del 40 por ciento de todas las que se llevaron a cabo en el país. Si se mantiene el ritmo de las ventas, para diciembre, los grabadores habrán recaudado más de 60 millones de pesos a expensas de los usuarios que no experimentarán ninguna mejora, más allá de la presunta satisfacción de no haber colaborado con la oscura Policía.