El Senado aprobó el traspaso de la justicia de menores y competencias penales a CABA

En cuanto al acuerdo que transfiere la  justicia criminal y correccional de menores, la Ciudad asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.

También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección.

Se mantienen en la justicia federal los delitos federales y los delitos comunes que, por su conexión con aquellos, deban tramitar en ese fuero.

Además, se acuerda iniciar negociaciones para celebrar convenios específicos de transferencias de recursos.

No obstante, no se transfieren las causas iniciadas antes de la fecha del traspaso, incluida la ejecución y el cumplimiento de las medidas o condenas.

Nación se compromete a impulsar las medidas para finalizar el funcionamiento de la Justicia Nacional de Menores, considerando la resolución de las causas pendientes en plazos razonables. Las cámaras nacionales de Apelaciones y Casación mantienen su intervención en esas causas anteriores.

La entrada en vigencia se acuerda a los 120 días corridos desde que: el acuerdo esté aprobado por el Congreso y por la Legislatura porteña; y se suscriba el acuerdo específico de transferencia de recursos.

En el caso del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado nacional transfiere a la CABA la competencia sobre delitos no federales contra el honor, la integridad sexual, la libertad, transporte y comunicaciones y otros relacionados con la propiedad intelectual, el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.

La Justicia de Nación conserva las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del convenio, incluida la ejecución penal y el efectivo cumplimiento de la condena.

La entrada en vigencia es igual a la del acuerdo sobre justicia de menores.

El debate en el recinto 

Al explicar de qué se tratan cada uno de los acuerdos, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán Coraita, aseguró que en el caso del cuarto convenio de transferencia de competencias penales “no estamos frente a una decisión aislada o sorpresiva”, sino que “comenzó en el año 2000, continuó en 2004 y 2011 y este Congreso ya convalidó en cada una de esas oportunidades”.

En tal sentido, el libertario dijo que se trata de “la continuación de una política de Estado sostenida en el tiempo por gobiernos locales y nacionales de distintos signos políticos”.

“El fundamento de fondo es el artículo 129 de la Constitución, que reconoce a la Ciudad un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. No existe fundamento alguno para pretender asignar a la Ciudad de Buenos Aires una autonomía jurisdiccional de menor intensidad de la que hoy ejercen las distintas provincias”, sostuvo.

El miembro informante defendió así que, “aprobar estos convenios es sencillamente cumplir con un mandato de la Constitución y lo que la Corte viene exigiendo” hace una década. Y sumó que al aprobar esto, “estaremos respetando la autonomía de la Ciudad, cumpliendo con un mandato constitucional y garantizando a los jóvenes, niños y adolescentes a ser juzgados por una ley procesal penal local y un juez natural”.

Al anticipar el voto en contra de su bloque, el senador del bloque Justicialista Jorge Capitanich hizo un repaso histórico sobre la constitución del país y diferentes leyes para aseverar que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia”.

Por otra parte, al referirse al “federalismo fiscal”, el exgobernador chaqueño hizo referencia a la coparticipación que recibe la Ciudad (incrementada durante el gobierno de Mauricio Macri) y cargó: “Históricamente la Ciudad se apropió de las rentas aduaneras, de la administración de los puertos e ingresos que no tenían las provincias, y del control estratégico de la política exterior y el control de la navegabilidad de los ríos interiores. Siempre acaparó la disponibilidad de recursos”.

“No podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal”, subrayó y recordó que se trata del distrito más rico del país, al remarcar que estos convenios implican como contraparte la transferencia de más recursos. “Las provincias le terminan pagando a la Ciudad la justicia”, cuestionó, al tiempo de advertir que “esto transfiere muchos empleados y funcionarios, cuya carrera puede ser perjudicada”.

A su turno, el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, señaló que se trata de “una transferencia progresiva que está dispuesta en el artículo 129 de la Constitución, y que estamos llegando bastante tarde”.

A su entender, esto producirá que la justicia federal “funcione mejor en las otras 23 provincias”, al tiempo que “viene a aliviar de forma sustancial el trabajo del Consejo de la Magistratura”.

“El verdadero federalismo tiene que darse organizando de la mejor forma o inteligentemente el Estado”, observó el correntino y sostuvo: “Transferir estas competencias no es un favor a la Ciudad, sino que es normalizar la república y devolver al Poder Judicial su rol específicamente federal y garantizarle al ciudadano porteño una justicia de proximidad”.

Al cerrar el debate, Patricia Bullrich celebró que se estuviera cumpliendo un tema que lleva 30 años y que apunta a que la Ciudad de Buenos Aires tenga sus capacidades de autonomía completas. “Estamos en el 2026, esta reforma constitucional es del 94. Ahora es importante saber que esta es una decisión que no es contra nadie, no es una jugada de alguien contra un espacio político, sino que queremos terminar una tarea que la Constitución ordenó hace tres décadas”, señaló Bullrich.

Agregó que estos convenios “se han realizado en distintos momentos y han sido votados por los bloques que hoy no quieren acompañar este convenio”. Y tras detallar otros convenios que transfirieron competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, aclaró que “todavía falta un traspaso de la justicia para igualar a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias”, al tiempo que reconoció que esa competencia libera al país del pago de la justicia nacional, que hoy paga el país, pero juzga los cargos ordinarios de la Ciudad.

Asimismo resaltó que “hay una jurisprudencia de la Corte, que equiparó institucionalmente a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias; tanto es así que en el famoso fallo Levinas, se establece que hoy la justicia nacional tiene como tribunal de alzada no a la Corte Suprema de Justicia, sino al Tribunal Superior de la Ciudad”.