Comisión $LIBRA: Diputados apelan resolución judicial que impidió traer a funcionarios por la fuerza pública
La comisión investigadora del caso $LIBRA presentó este lunes un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Federal N.º 8, que había rechazado el pedido de auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados por el Congreso. La medida fue adoptada busca -según sus integrantes- “reafirmar el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas” en torno al funcionamiento de la cuestionada criptomoneda.
En un comunicado difundido por el diputado y titular de la comisión, Maximiliano Ferraro, se advirtió que la decisión judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso”, y mencionó el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que otorga a las cámaras la facultad de requerir información y citar funcionarios en ejercicio del contralor político.
"La Cámara de Diputados, en ejercicio de su atribución del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, creó una comisión investigadora con el objeto de determinar la responsabilidad política de funcionarios públicos en torno a la denominada criptomoneda $LIBRA. Esa potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno, no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político", se señaló en la presentación.
El recurso asegura que la decisión judicial "lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político".
“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresa el escrito.
Ejes centrales de la apelación:
• Defensa de la separación de poderes: la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial.
• Obligación de los funcionarios públicos: las personas citadas deben comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público.
• Reserva de caso federal: ante una restricción de esta magnitud, se deja sentada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo.
El recurso fue presentado por Ferraro en virtud de lo resuelto en la última reunión (martes 7 de octubre), reafirmando el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado.
“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, afirmó el diputado que preside la comisión.