El Partido Justicialista, en defensa de la soberanía nacional, se opone y se opondrá a la entrega de YPF
El PJ llamó a constituir un frente social y multipartidario “en defensa de la soberanía nacional” luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska haya ordenado a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía.
A través de un comunicado, el peronismo expresó que la magistrada norteamericana “violó las más elementales normas del derecho público y privado” de Argentina.
El Partido Justicialista, en defensa de la soberanía nacional, se opone y se opondrá a la entrega de YPF.
Una vez más, la Senior United District Judge Loretta A. Preska que, al juzgar en el caso YPF aplicando ley argentina violó las más elementales normas del derecho público y privado de nuestro país, pone en evidencia su desprecio por la inmunidad soberana que corresponde a todos los países, disponiendo una orden colonial incumplible, inadmisible e ilegal.
Pretende, violando toda norma de Derecho Internacional, que el Congreso de la Nación Argentina autorice la entrega de las acciones de YPF, propiedad del Estado Nacional y de las Provincias, nada más ni nada menos que a un fondo buitre en Nueva York, para el pago de una deuda cuya existencia ha sido desconocida y apelada por el Estado argentino.
Los legisladores justicialistas de ambas cámaras en el Honorable Congreso de la Nación y todos aquellos que quieran defender a la PATRIA, deben oponerse a esa orden con todo vigor y valentía en defensa de la SOBERANIA NACIONAL, haciendo valer las facultades y derechos independientes de cualquier poder extranjero, que nuestro Congreso debe custodiar.
Desde nuestro Partido llamamos a constituir un amplio frente social y multipartidario para garantizar la defensa de los intereses nacionales y exigimos al Gobierno extreme las medidas necesarias para la defensa de esos intereses.
La Justicia estadounidense ordenó ayer que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones.