La CGT presentó en la Justicia un amparo contra el decreto del Gobierno de Milei que limita las huelgas
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo sindical ante la Justicia para detener la vigencia del reciente decreto del Gobierno que busca limitar el derecho a huelga al ampliar la cantidad de actividades consideradas esenciales.
Referentes sindicales lo habían anticipado apenas se conoció la medida y este lunes concretaron la presentación ante el juzgado Laboral 3 a cargo de Moira Fullana.
A través de un comunicado, la central obrera había manifestado su repudio al Decreto 340/2025 porque "intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate", por lo que advirtió que el movimiento obrero "dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo".
"La semana próxima estamos actuando nuevamente en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema", había señalado la semana pasada el cosecretario general de la CGT Héctor Daer.
En ese sentido, lo comparó con el DNU que publicó el gobierno del presidente Javier Milei a pocos meses de su asunción, el cual contenía un apartado con reformas laborales y que quedó suspendido por la Justicia tras una presentación de la CGT.
"Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el decreto DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa", afirmó el sindicalista.
El pasado miércoles, el gobierno publicó el DNU 340/2025 con el cual limitó el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales, y que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso atravesar conflicto sindical.
Entre los servicios contemplados en la norma, se incluyó a los servicios sanitarios; transporte y de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.
Asimismo, se incluyó a la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros.