En diputados el oficialismo logra la media sanción el proyecto de Ley de Ficha Limpia

El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Ficha Limpia, con 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones, impulsado por el Gobierno tras haber trabado el debate de una propuesta similar del PRO en diciembre de 2024. La secretaria General de la Presidencia y hermana del Jefe de Estado, Karina Milei, presenció la votación.

En detalle, el texto aprobado contempla que no puedan ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados en segunda instancia por "los delitos previstos en los Capítulos VI Cohecho y tráfico de influencias, VII".

La sesión se destrabó luego de que el oficialismo aceptara modificar el dictamen tras una reunión de emergencia en el despacho de Martín Menem con diputados dialoguistas. Así, se cambió la denominada "Cláusula Petri" que proponía que no pudieran candidatearse solo los condenados en segunda instancia en el año anterior a las elecciones.

Todo el debate estuvo atravesado por la figura de la expresidenta Cristina Kirchner. Unión por la Patria (UP) denunció que el objetivo de Ficha Limpia es la "proscripción" de la hoy titular del Partido Justicialista, la principal oposición al Gobierno. En tanto, los defensores de este proyecto negaron ese propósito y afirmaron que buscan evitar la llegada de "corruptos" a la función pública.

Las únicas dos abstenciones fueron las de los diputados del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. "Me parece que lo del ministro de Defensa (por la cláusula Luis Petri), que no sé cómo aparece, es un verdadero mamarracho, porque además le da discrecionalidad a los jueces", explicó Pichetto al explicar su voto.

El proyecto introduce una modificación al artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, de modo de prohibir la candidatura a cargos públicos de toda persona que tenga doble condena por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta y titular del PJ Nacional, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad. 

La novedad de la propuesta del Poder Ejecutivo había sido la inclusión de que tal inhabilitación correría en caso que la persona hubiera recibido la sentencia hasta el 31 de diciembre de un año no electoral y no, en cambio, si ocurría a partir del 1ro. de enero del año electoral. Sin embargo, diputados dialoguistas rechazaron de plano ese aspecto, al considerarlo anticonstitucional. 

A partir de un acuerdo sellado este martes, se modificó el dictamen en su artículo 1ro. para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales. 

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias. 

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

La sesión estuvo marcada por el fuerte rechazo que expresaron los diputados de Unión por la Patria, quienes denunciaron la proscripción de Cristina Kirchner. En el arranque, el bloque comandado por Germán Martínez perdió la pulseada para que no se ponga un tope a la lista de oradores individuales.

Con cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento intercalados durante el debate del único proyecto que había en el temario, pasado el mediodía la sesión atravesó un pico de tensión. Fue cuando la kirchnerista Lorena Pokoik la emprendió contra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, y desde la bancada amarilla salieron a defenderlo. “¡Quieren cagar la sesión! La monada está excitada”, exclamó Alejandro Finocchiaro contra UP.

Las encargadas de fundamentar el despacho de Unión por la Patria fueron las diputadas Mónica Litza y Vanesa Siley. La primera rechazó que ese espacio no quiera ficha limpia, como “quieren instalar”, sostuvo. A su juicio, ese es “un golpe de efecto que les da resultado”.

“No es verdad, por si la verdad todavía importara”, ironizó y señaló que ficha limpia ya existe en nuestra legislación. “Lo que no estamos de acuerdo es con querer votar o acompañar un proyecto que violenta el principio de sentencia firme o presunción de inocencia”, dijo.

A continuación, Siley expresó que “por lo menos ha reconocido el oficialismo que estamos hablando del ejercicio de los derechos políticos, porque se ha intentado disfrazar esto como la transparencia, garantías, y estamos hablando de una limitante importante a la soberanía popular: el derecho a elegir y ser elegido”.

Por el bloque Democracia para Siempre se expresó el formoseño Fernando Carbajal, quien defendió su dictamen y criticó el de mayoría. Así, explicó que “el sistema legal contempla que cuando una persona ha sido condenada por un delito se le aplica de forma automática una inhabilitación, por lo cual, la discusión de ficha limpia no es correcta. Plantearlo desde el punto de vista si es legítimo o no limitar el derecho a ser elegido porque el sistema legal ya contempla la limitación al derecho a ser elegido y esto nunca ha sido motivo de debate constitucional”.

“Lo que estamos discutiendo en serio es si una persona que ha quebrantado la ley puede ser candidata. Acá tenemos que señalar la profunda incoherencia del bloque oficialista y sus nobles aliados sumados en la mesa de saldos y retazos del trasfuguismo político que, de manera clara, dicen que esto está solamente limitado a los delitos de corrupción y no terminan de explicar de manera seria, sólida y consistente, por qué razón un narcotraficante o un pedófilo puede ser candidato. Hay otras provincias donde tiene ficha limpia que contemplan esta figura”, enfatizó.

Y cerró: “Hablan de transparencia, pero ocultan de manera maliciosa que esto no es ficha limpia porque no contempla el universo de todos los delitos. Hay un escandaloso silencio de por qué se limita. Es un discurso retórico, porque la ficha limpia, así como lo plantean, alcanza un escenario minúsculo de casos; es puro relato”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi se refirió a su dictamen de rechazo y resaltó que se está “discutiendo algo con una hipocresía muy grande. Si no se pone de relieve que el sistema judicial argentino no es independiente, no funciona, como se quiere vender, y si queremos soslayar que es el poder institucional del país con menos consideración popular que podamos tener, podemos seguir hablando hipócritamente sobre el reforzamiento de la democracia y otras cuestiones que en realidad muestran que el objetivo que persigue ficha limpia es el opuesto al postulado”.

“Este es un proyecto de ficha sucia que tiene por objeto ocultar la corrupción en el país y ocultar qué clase social es la que lleva adelante esa corruptela de forma sistemática para imponer sus puntos de vista en este régimen capitalista”, cuestionó.

A su turno, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP) se refirió al avance del proyecto en cuestión y vinculó: "Está claro y comprobado que Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada con la doctrina penal del enemigo". en ese punto, cargó que "voluntad judicial y voluntad popular no van de la mano", y cerró: "En la época de las ocho indagatorias quedó demostrado. Lo mismo está sucediendo en estos tiempos. No hay Ficha Limpia con Justica Sucia".