El Gobierno logró en diputados ratificar el veto a la ley de Financiamiento Universitario

La Libertad Avanza consiguió este miércoles blindar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. La votación por la insistencia de la norma, que debía reunir dos tercios de los presentes, resultó con 160 votos positivos, 84 negativos y 5 abstenciones.

Con protestas en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió en menos de un mes (el pasado 11 de septiembre se ratificó el veto sobre jubilaciones) reunir nuevamente un tercio de legisladores que permitan sostener la decisión presidencial. En ese momento fueron 87, a los que el presidente Javier Milei calificó de “héroes”.

A La Libertad Avanza lo acompañaron este miércoles sus aliados del Pro -excepto dos-, el MID, Independencia, CREO y cuatro diputados de la UCR.

Por la positiva lo hicieron Unión por la Patria, una mayoría de la UCR, Encuentro Federal, un sector de Innovación Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz -dividido-, Producción y Trabajo, Movimiento Popular Neuquino y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

Con un reclamo universitario que se arrastra desde el comienzo del año, a raíz de las partidas presupuestarias desactualizadas, el tema unió a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado.

La norma, sobre la cual la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado un costo fiscal de 0,14% del PBI, preveía que el Poder Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.

Asimismo, encomendaba al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.

También indicaba que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.

En el límite de la fecha para publicar el veto, y al día siguiente de la segunda masiva marcha en defensa de las universidades, el pasado 3 de octubre el Poder Ejecutivo oficializó el decreto 879/24, por el cual observó totalmente la ley.

Según los argumentos del Gobierno, el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. “No pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, lanzó el PEN.

A contrarreloj, y ante el pedido de sus aliados del Pro, el Gobierno avanzó estos últimos días en anuncios sobre mejora salarial para el personal universitario. Primero comunicó que, “pese al rechazo gremial”, otorgará un aumento del 6,8%. Luego, informó que actualizará la garantía salarial docente a abril 2024.

La Cámara de Diputados había iniciado este miércoles a las 11.18, con la presencia de 144 diputados, la sesión para debatir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Una sesión pedida la semana pasada, inmediatamente después de que se publicara en el Boletín Oficial el decreto 879/24 por el cual se observa totalmente y se devuelve al Congreso el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.757.

En el inicio de la sesión, la diputada Vanina Biasi pidió rechazar el veto presidencial y respaldó la toma de universidades en todo el país. “Todos esos estudiantes que están protagonizando vigilias, toma de universidades, son conscientes de que ese veto presidencial no puede pasar porque contribuye en el hundimiento de la educación pública en la Argentina”, enfatizó.

Asimismo, llamó a que si el veto fuera rechazado, redoblar la lucha, dado que “el presidente ya se declaró en rebeldía respecto de lo que vaya a resolver este Congreso. Es un presidente que ha decidido desacatar las leyes que se votan en este Congreso”.

A continuación, el diputado del MPN Osvaldo Llancafilo pidió “bajarle el tono a la descalificación, la violencia verbal, porque de ahí a la violencia física hay un trecho corto. Abogó por el conocimiento, especialmente el conocimiento académico, cuyo 62% es aportado en la Argentina por la universidad pública, señaló. Recordó que el Presupuesto vigente fue pensado en 2023 y tiene un retraso del 70%, y le endilgó la responsabilidad de no tener presupuesto este año al presidente actual y a Sergio Massa. Sumó el tema de las auditorías; se mostró de acuerdo con ellas y aclaró que “ese control lo tiene que ejercer el Ejecutivo, lo tiene que realizar el Ministerio de Capital Humano. No es bueno supeditar esas auditorías al problema de financiamiento que tienen las universidades”.

A su turno, la diputada Lourdes Arrieta, exoficialista, arrancó advirtiendo que su discurso no sería “para oídos sensibles”. Habló de un “debate sin sentido”, y se quejó de ser “tacaños” con la educación pública. Pidió atender para dónde va el financiamiento a las universidades: si a la infraestructura o los rectores. Alertó a los argentinos que con el IVA “están financiando a la universidad pública, pero también están financiando la SIDE, están financiando a los ñoquis, están financiando a los trolls, están financiando a la policía del pensamiento. En ese sentido, yo les pido perdón a los argentinos, porque el dinero no está siendo bien administrado”.

“Yo les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado; la universidad pública no debe ser un debate, sino si está bien administrada”, concluyó.

Uno de los votos en duda hasta el final fue develado durante esta sesión con el discurso de la diputada del bloque Producción y Trabajo de San Juan Nancy Martínez Picón, que confirmó que el voto de los sanjuaninos (o en su caso las dos diputadas sanjuaninas alineadas con el gobernador Humberto Orrego) sería en el mismo sentido que el 15 de septiembre pasado, cuando apoyó la ley de financiamiento universitario.

“Creemos que la educación es esencial para el desarrollo de la Nación”, expresó y repudió “la presencia en la marcha de quienes destruyeron la educación. La presencia de Sergio Massa, de CFK, haciéndose dueños hoy de un reclamo justo de un sector que es el futuro del país, de los jóvenes”. “Sabemos que hay que hacer un ajuste y que es necesario que el presidente le dijo a cada argentino en campaña y votaron. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo con cualquier otro sector, pero no con la educación que es el futuro del país”, planteó.

Martínez Picón sostuvo: “No podemos haber votado hace unos días la esencialidad de la educación y hoy dejar sin fondos a esa esencialidad. Tenemos que ser coherentes con lo que venimos votando. Este bloque desde San Juan siempre va a defender la universidad por varias razones”, y cerró: “El voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación pública”.

Los santacruceños Juan Carlos Garrido y Sergio Acevedo confirmaron el voto de Por Santa Cruz favorable a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el diputado del MID Eduardo Falcone se pronunció también en favor del veto.

A su turno, desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro habló de “no darle la espalda a la universidad pública” y abogó por “desandar las mentiras que se han instalado con la ley que este Congreso ha sancionado y el presidente decidió vetar de manera absoluta”. Dijo que esta discusión tiene que ver con lo presupuestario, pero “se inscribe en un contexto mucho más profundo, que tiene que ver con la defensa de la división de poderes y el respeto de lo republicano, pero también con lo que hace claramente al financiamiento universitario y la asfixia que hoy está sufriendo la educación superior. Pero también la pretensión de querer instalar un debate peligroso y poco sustancioso de qué hacer y cómo transformar a las universidades”.

Autora de uno de los proyectos del Financiamiento Universitario, la salteña de Innovación Federal Pamela Calletti planteó: “Estamos debatiendo qué modelo de país queremos. Un país basado en la timba financiera o un país con progreso basado en el conocimiento accesible a todos los argentinos”.

“La intervención del Congreso es para poner racionalidad al asunto y poder garantizar un derecho humano fundamental como lo es el acceso a la educación. Es increíble que tengamos que reafirmar algo tan básico y esencial”, criticó y sumó: “Sin un presupuesto debatido y aprobado en este Congreso el nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de los fondos es absolutamente inconmensurable”.

Calletti resaltó que la Ley “garantiza los gastos de funcionamiento del Presupuesto 2023 actualizado por IPC por el INDEC y el salario docente y no docente es el 0,08 del PBI”, y desmintió que no hay auditorias porque “la Ley prevé la intervención de la auditoria con informes al Congreso y con control y monitoreo”.

“Cuando hablamos de universidad pública, hablamos de movilidad social ascendente intergeneracional, acceso al conocimiento y al progreso. En Argentina el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública tiene que ser una política pública irrenunciable para todos, gobierne quien gobierne. Mi voto es a favor de la ley y en contra del veto”, cerró.

Al confirmar su voto a favor, Agustín Domingo criticó la falta de diálogo en este tema y se quejó por la falta de presupuesto, que generó una “licuación” del presupuesto anterior, que benefició al Gobierno, dijo. “Las universidades, pese a que son autónomas para gastar, no tienen autonomía en sus recursos, dependen 100% del Estado nacional”, señaló, advirtiendo que el presupuesto que le asignaron la afectó fuertemente. Advirtió que si el Gobierno no está de acuerdo con cómo se manejan las universidades y se quiere generar un cambio, “el ajuste presupuestario no es la salida”. “La solución nunca puede ser atacar la autonomía universitaria licuando el presupuesto, y actualizar por debajo de la inflación, porque lo que vamos a hacer es profundizar los problemas”.(Parlamentario)