México: Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 temen que archiven la causa por las elecciones
Representantes de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 reprocharon al gobierno de Enrique Peña Nieto la administración y politización de la tragedia y alertaron sobre un posible carpetazo de las investigaciones por motivos electorales.
Durante la audiencia de supervisión del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, en el contexto del 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de desaparecidos y abogados de las organizaciones que los representan denunciaron la posición de Peña Nieto de suspender la próxima audiencia del Mecanismo de Seguimiento por motivos electorales así como la negativa a aceptar una propuesta de nuevo cronograma para las investigaciones y una declaratoria de intención de atención victimal.
Los representantes del Estado mexicano advirtieron que está por concluirse el caso, que el Mecanismo de Seguimiento continuará hasta donde sea necesario y que la Oficina de Investigación para el caso Iguala tiene en puerta un proyecto de solicitud de 30 órdenes de aprehensión.
“Para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad”, reprochó Mario César González Contreras, padre de César Manuel González.
Además, reclamó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, que los familiares y sus representantes hayan tenido que acudir a Bogotá para tener una mesa de trabajo, cuando en México no han sido atendidos ni se ha dado continuidad a los compromisos establecidos con el anterior titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, de permitir a sus abogados interrogar a detenidos, así como ofrecer beneficios legales a cambio de información para la ubicación de los jóvenes.
“Para nosotros es crítica la situación en México. Todo se está politizando, tanto que los representantes del gobierno quieren suspender la reunión de mayo porque viene la elección. Para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad. Estamos preocupados porque sigan el Mecanismo de Seguimiento, porque es muy peligroso que el Estado mexicano no tenga vigilancia internacional”, puntualizó.
En representación de los padres, González Contreras, así como Epifanio Álvarez Carbajal, padre de Jorge Álvarez, y Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, denunciaron la falta de avances para la localización de los jóvenes desaparecidos después de 41 meses de los hechos.
La mujer, quien inició su participación pidiendo un minuto de silencio en memoria de Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, fallecida el pasado 4 de febrero, aseguró que los familiares de los jóvenes desaparecidos llegaban a la audiencia “con el corazón muy triste”, por la falta de respuesta y con la única esperanza de que el CIDH siga supervisando el caso.(El Sur)
Álvarez Carbajal expresó su molestia por la negativa de los representantes del gobierno mexicano de aceptar las propuestas de los abogados. Dijo: “es injusto venir de tan lejos para que nieguen a aceptar el cronograma para que cumplan su deber y su trabajo, lo único que queremos es verdad y justicia”.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, Mario Patrón, Vidulfo Rosales y Humberto Guerrero, puntualizaron que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Oficina de Investigación, ha incumplido en 80 por ciento los lineamientos fijados en un cronograma que fue fijado por el gobierno mexicano.
Patrón abundó que en el año pasado no hubo nuevas detenciones, que no existen ningún proceso por desaparición forzada y que la última acusación data de diciembre de 2014.
Guerrero explicó que, en materia de atención a víctimas, un estudio psicosocial reveló que la atención ha sido deficiente y que la tendencia fue buscar a los familiares para “cooptarlos para que ya no denunciaran”, pero al negarse a aceptar recursos bajo esas condiciones, los procesos de atención se detuvieron.(