El Fiscal del Estado español afirma que la posibilidad de arrestar a Puigdemont "está abierta"

El Fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, aseguró hoy que la detención del presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, es una posibilidad que "está abierta" y advirtió que en caso de que se declare la independencia de Cataluña con actuaciones "tumultuosas" podría ser acusado de "sedición o rebelión".

El Ministerio Público considera que Puigdemont cometió delitos de desobediencia, prevaricato y malversación en relación con los preparativos del referéndum unilateral del 1 de octubre, que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español, y "legalmente se podrían dar los requisitos" para pedir su detención, sobre todo por malversación, ya que es el único de los delitos privativos de libertad", dijo Maza en declaraciones a la radio Onda Cero.

No obstante, el "jefe" de los procuradores matizó que por el momento a la Fiscalía "no le ha parecido oportuno" solicitar esta medida preventiva, aunque la posibilidad "está abierta".

El conflicto secesionista de Cataluña entró hoy en la recta final, con los independentistas decididos a movilizarse al máximo para lograr que la votación del 1 de octubre se celebre pese a su prohibición, y el Ejecutivo central español determinado a impedirlo, si es necesario haciendo uso de la fuerza para hacer cumplir la ley.

Puigdemont insiste en que el referéndum se va a celebrar pese a los obstáculos judiciales que plantea el gobierno central español, ya que habrá censo, boletas, urnas, vocales y presidentes de mesas electorales, porque la propia ley española prevé la posibilidad de que "las primeras tres personas que lleguen al centro de votación constituyan las mesas", según explicó en una entrevista con el programa Salvados, del Canal La Sexta, emitido anoche.

Además, sostuvo que en caso de ganar el "sí", con una participación del 15 o 25%, aplicaría el resultado. En ese sentido, dijo que no sería él sino el parlamento de Cataluña el que "declararía la independencia".

De producirse esta situación "de forma totalmente pacífica y sin recurrir a grandes grupos de personas", el Fiscal general señaló que se "estaría ante un delito de desobediencia", pero que "si se pasa a una actuación tumultuaria, que es la presencia o inducción a estar presente a un grupo de personas importantes, es sedición, usando violencia para desobedecer, rebelión".
"Depende del grado de violencia", remarcó Maza, al hacer referencia a la diferencia entre el delito de sedición, penado con hasta 15 años de cárcel, y de rebelión, con penas de hasta 25 años.

Ante estas declaraciones, Puigdemont consideró que es "injusto e inaceptable" que el gobierno central español hable de "violencia, cuando esta no ha sido ni será nunca una opción en Cataluña".
"Cataluña lo ha demostrado al mundo después de seis años consecutivos de grandes movilizaciones sin ningún incidente", subrayó Puigdemont en entrevista con la radio France Inter, de París.

La semana pasada, la Fiscalía presentó una querella en la Audiencia Nacional de España -máxima instancia penal española- por delito de sedición en relación con los "incidentes" ocurridos el pasado 20 de septiembre durante una protesta que tuvo lugar frente a la sede del Departamento de Economía catalán durante el operativo policial que desbarató la logística del referéndum del 1 de octubre, y que se saldó con 14 arrestos.

En su escrito, el Ministerio Público apunta a los presidentes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que acusa de haber instado a la "movilización permanente", y haber impedido la actuación de las fuerzas de seguridad.

A pesar de esta denuncia, los líderes independentistas llamaron a los catalanes a seguir "movilizados" de forma "pacífica" para lograr una masiva participación de cara a la votación del 1 de octubre.
"El referéndum está desarticulado, pero la intervención en Cataluña se mantiene ante cualquier acción que pretenda consumar una ilegalidad", subrayó el domingo el ministro de Fomento español, Íñigo de la Serna, el primer funcionario español en acudir a Cataluña desde que la tensión escaló al máximo.

De la Serna subrayó ante la prensa internacional -entre ellos Télam- que el gobierno del conservador Mariano Rajoy está "actuando con proporcionalidad", aunque hará recaer "todo el peso de la ley" sobre los independentistas.

Además, indicó que Puigdemont "no es un interlocutor válido mientras se mantenga en la ilegalidad" y que si declara la independencia de forma unilateral será "una broma", porque "nadie puede creer que se pueda crear un nuevo Estado en 48 horas".