Brasil: Aliado de Temer asume en el máximo tribunal con la operación Lava Jato en plena discusión

Alexandre de Moares, un constitucionalista aliado del presidente Michel Temer, asumió hoy como ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) en medio de disputas entre la máxima corte y el fiscal general, Rodrigo Janot, en torno a la lista de personas involucradas en la delación de los ejecutivos de la empresa Odebrecht, en el ámbito de la Operación anticorrupción Lava Jato.
Moraes asumió como el undécimo ministro de la máxima corte brasileña en lugar de Teori Zavascki, fallecido en enero pasado al caer el avión de pequeño porte en el cual viajaba sobre Paraty, sur del estado de Río de Janeiro.
Zavascki era el instructor del caso Lava Jato en la corte (el famoso juez Sergio Moro lo es pero en la primera instancia) y con su muerte el caso pasó al ministro supremo Edson Fachin.
La elección de Moraes es una conquista personal del presidente Temer, de quien fue su ministro de Justicia, como parte de la alianza de gobierno entre el Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Moraes es un dirigente del PSDB que debió desafiliarse para asumir el cargo.
Moraes llega al tribunal en condiciones de poder ser el revisor de la causa de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal, sobre todo por los 311 pedidos de aperturas de investigaciones realizado por el fiscal general, Janot, en base a la delación de Odebrecht.
Precisamente este momento de la Operación Lava Jato ha encontrado choques entre Janot y el juez de la corte Gilmar Mendes, quien acusó a la Procuración General de la República de haberle filtrado a la prensa los nombres de los políticos acusados.
En ese sentido, Mendes, ex funcionario del gobierno de Cardoso, dijo que eso era un "delito" y que podría anular la prueba dada por Odebrecht.
En una ceremonia oficial, el fiscal general respondió en duros términos a Mendes y a sus acusaciones de que en la fiscalía general fueron convocados periodistas para ser informados "off the record" sobre los políticos involucrados por la empresa Odebrecht.
"Repudiamos la relación promiscua con la prensa nacional e internacional. En proyección mental, algunos intentan nivelar a todos a su decrepitud moral y para eso nos acusan de conductas que les son propias a ellos, aprovechándose de la posición que ocupa en la estructura del Estado", dijo el fiscal general en respuesta al juez de la corte.