En estos últimos meses hemos escuchado, de forma permanente, discusiones sobre qué rumbo económico está tomando nuestro país. Se plantea si realmente tenemos un plan o programa económico, qué camino en materia económica se ha tomado, si nos hemos abierto al mundo, si seguiremos protegiendo nuestra industria; pero lo que realmente debemos preguntarnos es: ¿qué tipo de país deseamos tener?
Y, desde este punto, comienzan avizorarse diferentes respuestas, un país agro-ganadero o especializado en el comercio y los servicios, una Argentina que apueste al fortalecimiento de la industria pesada o liviana o tener un mix de ambas propuestas.
La respuesta es indispensable para avanzar hacia una constante inversión en ciencia y tecnología, ¿pero en qué sector estratégicos? Definir el rumbo es, también, determinar qué sectores estratégicos de nuestra economía productiva se deben priorizar, fortalecer y acompañar a través de políticas públicas que fomenten el desarrollo. Ahora bien, surgen ciertos cuestionamientos a partir de las políticas económicas que fijan las diferentes administraciones de gobierno (son ejemplos de las mismas el mercado libre o proteccionista, acciones liberales o conservadoras, de apertura o cierre de la economía). Lo cierto es que, en estos momentos no está del todo claro hacia dónde vamos en materia económica y productiva. Es necesario el desarrollo de políticas de Estado que trasciendan los gobiernos o, mejor dicho, que perduren más de dos años. Políticas que no surjan a raíz de necesidades electorales, si es así se generan parches coyunturales para sobrellevar los impactos negativos de las diferentes crisis internas y externas, pero no se ataca el problema a largo plazo.
Pero, ¿qué son las políticas públicas? Al toparnos con ellas nos encontramos con las herramientas que debe emplear el Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, toman forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. Un Estado ejecutor que toma decisiones, luego de un proceso de análisis y valorización de las necesidades existentes.
Podemos citar a diferentes autores que definen las políticas públicas como: "...un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil" (Óscar Oszlak y Guillermo O'Donnell, 1981), "A través del Estado, la sociedad tiene el orden institucional, el cual se integra por reglas, autoridades, medios de gobierno y de administración, consensos y actores sociales" (Ricardo Uvalle Berrones, 1997), "...reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad de una determinada decisión" (Michael Kraft y Scott Furlong, 2006), "...es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer." (Thomas Dye, 2008).
Analizando estas definiciones, podemos decir que –en los últimos años–, hemos alcanzado políticas públicas en materia social que han logrado trascender las elecciones y el reciente cambio de gobierno, algunas de ellas son: Asignación Universal por Hijo (AUH), Matrimonio Igualitario, Conectar Igualdad, Tarjeta Sistema Único Boleto Electrónico (SUBE), entre otras. Pero en materia económica y productiva aún no hemos avanzado en lograr consensuar y desarrollar políticas que perduren a pesar de las crisis. Observamos que, en las últimas décadas, los diferentes gobiernos han tomado medidas para enfrentar las diversas crisis, pero no se ha logrado planificar políticas sostenibles en el tiempo que sorteen los ciclos económicos recurrentes en nuestro país y que puedan anticiparse a los problemas.
En materia económica productiva debemos avanzar en un verdadero consenso para el impulso de políticas de Estado que: dinamicen el empleo, jerarquicen y capaciten a los trabajadores, estimulen las inversiones en los sectores estratégicos, premien la producción –y no la especulación financiera–, garanticen horizontes claros de previsibilidad, sustenten la redistribución del ingreso, beneficien y fortalezcan a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), faciliten el acceso al crédito, estimulen la competitividad y, sobre todo, generen un debate constructivo permanente entre los sectores productivos, empresarios y trabajadores.
Finalmente, la apuesta de gran valor para el desarrollo de políticas productivas deberá ser definir los sectores estratégicos que formarán, capacitarán y profesionalizarán los recursos humanos. De esta forma, se deberá planificar un proceso de inversión, facilitando herramientas financieras de ágil y sencillo acceso. A su vez, sería indispensable implementar metodologías de redistribución del ingreso sobre metas de productividad, estructurar mecanismos que promuevan la competitividad y garantizar el sostenimiento del empleo.
Mauro González
Presidente de CECREDA