El Gobierno colombiano no teme al examen internacional del acuerdo de paz que piden las FARC

El gobierno colombiano afirmó que cumplió con "el grueso de la normativa del acuerdo de paz" con las FARC, por lo que dijo no temer al anuncio de la ex guerrilla de que recurrirá a foros internacionales como la ONU para denunciar el incumplimiento del pacto.
"El gobierno cumplió el grueso de la normativa del acuerdo de paz y por esa razón no somos temerosos de que la comunidad internacional examine lo que fue la implementación", dijo anoche el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una breve declaración citada por medios locales y la agencia de noticias DPA.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que tiene "total tranquilidad" sobre el anuncio hecho el martes por el ex guerrillero Luciano Marín, en nombre de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de recurrir a la ONU.

Rivera sostuvo que la implementación de lo acordado con la ex guerrilla de las FARC fue "mucho más rápida en comparación con los pactos de paz hechos en otros países".

Marín advirtió que las FARC va a "solicitar a la alta instancia de Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad hacer una consulta, por ejemplo al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, sobre el significado para los gobiernos de una declaración unilateral de Estado".

La reacción de Marín, uno de los líderes del nuevo partido político creado por la ex guerrilla y candidato al Congreso en los comicios del próximo año, se debe a que el Senado no aprobó los escaños en el legislativo para las víctimas del conflicto, que fueron acordados en las negociaciones de paz.

Según Marín, el acuerdo de paz "ya es un documento oficial ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y por lo tanto el gobierno colombiano adquiere un compromiso de cumplimiento".

Si bien en los acuerdos de paz se indica que los escaños serán otorgados a víctimas del conflicto de las zonas más afectadas por la guerra, el ex presidente Álvaro Uribe, férreo opositor al gobierno actual, alega que dichas bancas no serían "ni para campesinos ni para víctimas", sino para territorios "en poder de organizaciones narcoterroristas que intervienen el libre consentimiento de quienes viven allí".

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