Nicaragua: Condenan a ocho años de cárcel para la excandidata a prtesidenta, Cristiana Chamorro y nueve para su hermano

La periodista y exaspirante a la presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro, que hace nueve días fue declarada culpable de de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos, fue condenada a ocho años de prisión.

De 68 años, Chamorro seguirá bajo arresto domiciliario, régimen en el que se encuentra desde junio pasado, según informó el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Según la Fiscalía, los delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una ONG que lleva el nombre de la expresidenta de Nicaragua (1990-1997) y madre de Cristiana, dedicada a promover la libertad de prensa y expresión.

El hermano de Cristiana, Pedro Joaquín Chamorro, también declarado culpable el 12 de marzo, recibió una pena de 9 años y permanecerá recluido en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía conocida como El Chipote.

Dos empleados de la fundación, que ya no funciona desde el año pasado, y el chofer de Cristiana también recibieron condenas de hasta 13 años.

A Cristiana y a los tres funcionarios "les fueron impuestas multas millonarias" que son "imposibles de pagar, y si se llegarán a conmutar equivaldría a prisión perpetua", advirtió el Cenidh, según la agencia AFP.

Cristiana ya había rechazado los cargos, y denunciado que su caso fue armado por su intento de "servir a los nicaragüenses" como candidata a la presidencia para disputársela a Daniel Ortega, en el poder desde 2007.

Fue detenida el pasado 2 de junio, en medio de una ola de arrestos de dirigentes y empresarios opositores, cuando las encuestas la mostraban como la más seria candidata a pulsear con Ortega.

Cristiana Chamorro fue a una de los siete aspirantes a la presidencia detenidos junto a otros 39 opositores el año pasado bajo cargos, en su mayoría, de atentar contra "la integridad nacional", en base a una ley de apenas dos artículos, llamada Ley de Defensa de la Soberanía.

Por esos arrestos, Nicaragua recibió condenas y cuestionamientos de la ONU, la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

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